Editorial EL UNIVERSAL / ¿Prohibido enfermarse? Las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos entraron hace años en una espiral de deterioro de la cual parece complicado que se pueda meter reversa en el corto plazo. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que publica hoy este diario, refuerzan esa tendencia, pues de cada tres personas que cuentan con un empleo, dos carecen de prestación para tener acceso a instituciones de salud. En números totales, significa que de los poco más de 50 millones que integran la población económicamente activa, 32.6 millones se encuentran en esa situación. Acudir al médico o atenderse un padecimiento representa elevadas erogaciones para los trabajadores con la ineludible afectación a sus ingresos y las consecuencias en su calidad de vida. El dato arroja también otras realidades. En primer lugar, los trabajadores carecen de prestaciones elementales; si no cuentan con acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, difícilmente serán acreedores a utilidades, primas vacacionales o incluso aguinaldo. Cifras del Inegi refieren que de 35.9 millones de personas asalariadas, más de la tercera parte, 13.5 millones, no recibe prestaciones. Otra muestra de la dura realidad laboral es que casi 16 millones de mexicanos remunerados desempeñan su trabajo sin tener un contrato escrito. ¿Dónde están las instituciones de defensa ante la flagrante violación a la ley? Una más: el grueso de la población ocupada se encuentra en el sector informal de la economía. El país no ha podido generar las fuentes de trabajo formales que permitan emplear a los cientos de miles de jóvenes que cada año ingresan al mundo laboral. El sector informal representa precisamente trabajos sin prestaciones y, por supuesto, sin el respectivo pago de impuestos que ayudarían a fortalecer las finanzas públicas. Los estadísticas sobre condiciones laborales confirman que no basta con la creación de empleos, se requieren fuentes de trabajo que garanticen las prestaciones sociales establecidas en la normatividad, así como retribuciones decorosas. Más de 20 millones de empleados en el país perciben entre uno y dos salarios mínimos en promedio. Bajos sueldos y la falta de garantías de tener acceso a instituciones de salud representan una combinación que parece condenar al país a mantener los elevados niveles de pobreza y los bajos índices de productividad. En suma, una fórmula de alto riesgo social.

I. Bien posicionado. Hay dos comisiones que serán clave en la definición de candidatos del PRI para 2018. La Comisión Nacional para la Postulación de Candidatos y la Nacional de Procesos Internos. Arturo Zamora, líder de la CNOP, encabeza la lista de los cuatro jaliscienses en estas comisiones, donde se resolverán 500 candidaturas a diputaciones federales, 128 aspirantes al Senado y el candidato presidencial. Zamora sigue siendo el priista de Jalisco mejor posicionado en las encuestas. Los otros tres son Laura Haro, Verónica Martínez y Andrés Guerrero. Los nombramientos, definidos en la Comisión Política Permanente, confirman que Zamora y sus afines siguen siendo quienes más peso tienen en decisiones de partido a nivel nacional. La historia da un giro: la CNOP dejará de aportar los votos “duros” en los comicios y ahora tendrá don de mando para la elección de candidatos. Por algo será. II. Da lo mismo. Legisladoras le gritaron “¡Eh, pu..!” al diputado Ariel Juárez, de Morena, quien llamó corrupto al priista César Camacho, y ahora dicen que no, que ellas lo tacharon de “¡bruto!”, pero que nosotros, todos, no entendimos. Ellas son las priistas Arlet Mólgora Glover, legisladora por Quintana Roo, integrante del Centro de Estudios de Equidad de Género; Jasmine María Bugarín, quien está en la Comisión de la Juventud y fue defensora de derechos humanos en Nayarit, y Xitlalic Ceja García, diputada poblana, quien integra la Comisión contra la Trata de Personas. Homófobas, jamás, sólo discriminadoras. Es el colmo. Hacen leyes que tienen que ver con derechos humanos y equidad de género. El chiste se contaría solo, lástima que no lo sea. III. Resucitado. Alberto Catalán Bastida, el ratificado secretario general del PRD en Guerrero, y Sebastián de la Rosa Peláez, dirigente de la Coalición de Organizaciones Campesinas, reconocieron la presencia de Ángel Aguirre Rivero en el PRD, pero advirtieron que carece de poder. El exgobernador no tiene el “control político” de la nueva dirigencia estatal, pero es “un activo importante”, a quien ya se le ofreció formalmente la candidatura a diputado federal por el distrito 8 de la región de la Costa Chica, a través del Frente Ciudadano por México en Guerrero. Dicen que Aguirre “tiene muchos amigos” en el PRD, pero aclaran que sólo los miembros de Izquierda Progresiva Guerrerense lo consideran su “líder moral”. ¿Por qué no antes de candidatearlo le exigen que regrese lo que se llevaron él y su familia? No es sino cascajo político. ¿No les importa el pasado?, ¿se lo perdonan? IV. Mea culpa. Ricardo Monreal reveló que la misma situación vivida por Israel Moreno, exdelegado de Venustiano Carranza, se sufre en todas las demarcaciones. Todas las jefaturas delegacionales incumplen con laudos laborales como lo hizo Moreno, quien fue destituido por la Suprema Corte por ese hecho, aseguró Monreal, titular en Cuauhtémoc. Planteó a todos los jefes delegacionales ir a “entregarse” a la Corte debido a que es un hecho que todos incumplen. “No sería malo irnos a poner a disposición de la Corte, porque de que estamos en inejecución por la falta de recursos que nos destine la Asamblea y pagar, todos estamos en la misma situación, y la Corte únicamente persigue a los que le conviene”, puntualizó. Cientos de servidores públicos de todos los niveles de gobierno están en las mismas. ¿Y entonces? V. Justicia a paso lento. Elementos del Gabinete de Seguridad federal detuvieron, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Martiniano de Jesús “N”, integrante de Los Zetas, investigado por el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Coordinaba las actividades delictivas de un grupo de homicidas, responsables de desapariciones y secuestros en 2010, así como por el secuestro de Antonio Camacho Camacho, ciudadano de Estados Unidos. La Policía Federal también lo relaciona con el homicidio de Miriam Rodríguez “N”, representante del colectivo de desaparecidos en San Fernando, asesinada el pasado 10 de mayo. Van bien: siete años tardaron en capturarlo a uno de los responsables. Hay esperanzas, entonces para resolver Aguas Blancas, Acteal, Villas de Salvárcar, Allende, Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa, Tanhuato… Y lo que se sume esta semana.