Editorial EL UNIVERSAL /A la espera de justicia La conmemoración del primer aniversario del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, no pudo ser más trágica. Del otro lado del país, en Villahermosa, Tabasco, fue asesinado ayer el conductor de noticieros de radio y televisión Juan Carlos Huerta Gutiérrez. Al salir de casa en su vehículo, fue interceptado por otro automóvil de donde bajó un sujeto y le disparó. A un año de distancia poco ha cambiado el clima para los trabajadores de los medios de comunicación. La inseguridad que se registra en amplias zonas de México repercute también en la labor de periodistas, quienes además de las presiones de personajes políticos, enfrentan las frecuentes amenazas de grupos criminales para publicar alguna información o censurarla. Las cifras sobre ataques a la prensa son de sobra conocidas. Están a la espera del nuevo hecho trágico para ser retomadas. Antes del crimen en Villahermosa, en abril, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había reportado que México se ubica en el número uno de lista de comunicadores asesinados en la región con 12 muertos en 2017. Precisó que de octubre al mes pasado cuatro de los 14 crímenes registrados en América Latina sucedieron en México, situación que “representa la mayor afrenta a la libertad de expresión en este país”.   Con el asesinato de Huerta Gutiérrez son cinco las muertes de comunicadores en lo que va de 2018. Antes fueron asesinados Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo; la bloguera Pamela Montenegro, conocida como Nana Pelucas, en Guerrero; Gerardo Martínez (editor de EL UNIVERSAL), y Leobardo Vázquez, en Veracruz. Lamentablemente el tema no es nuevo. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registran 133 homicidios de periodistas, 14 de los cuales son mujeres, del año 2000 a la fecha. En los últimos 12 años se han cometido también 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación. La situación deviene en un hartazgo por la incapacidad del Estado de garantizar la protección de periodistas en el país, y de llevar ante la justicia tanto a los autores materiales como intelectuales. Se han creado instancias para apoyar a reporteros y a activistas sociales, pero los hechos las descalifican en automático. Mientras no haya castigo contra los perpetradores no se puede esperar una nueva realidad. La libertad de expresión y los familiares de los periodistas asesinados continúan esperando un acto de justicia.

Frentes Políticos I.  En pie. Enrique Graue, rector de la UNAM, siempre tiene el discurso preciso. Seguramente lector del filósofo español Ortega y Gasset, hizo un diagnóstico contundente. “Los mexicanos, y en particular los jóvenes, se encuentran desesperanzados, con una sociedad polarizada y desencantada con las instituciones”. Sin embargo, en un entorno de inseguridad, reducción en la inversión en educación, donde la intolerancia y la violencia de género se han hecho más visibles en nuestra sociedad, “la UNAM está de pie, en paz y mirando al futuro”. Graue afirmó: “La educación es la herramienta más poderosa de la humanidad”. Frase ideal para tiempo de definiciones. II. Fortaleza. El sistema de cómputo que contiene todos los detalles sobre la democracia en el país es una caja fuerte impenetrable. El consejero Marco Baños informó, para que los votantes, partidos, candidatos y funcionarios se mantengan tranquilos, que no hay posibilidad de que los sistemas informáticos del INE sean hackeados, como ocurrió con los aplicativos y la infraestructura de los bancos para conectarse al SPEI. Y más enfático aún, el también presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE descartó que haya una amenaza de hackeo. “El INE está absolutamente tranquilo y garantizamos que los sistemas van a funcionar al 100%, no tenemos preocupaciones con el tema de los hackeos”, declaró. Guardemos estas palabras. No vaya a ser que uno de estos días, “accidentalmente”, se caiga la página del INE. ¿Y dónde meterá la cabeza, señor consejero? III. Horizonte. Enrique Peña Nieto, presidente de México, participó en la reunión anual de consejeros de BBVA Bancomer y aseguró que “todos queremos avanzar más rápido en la generación de bienestar para las familias mexicanas, pero el camino al desarrollo, lo he dicho y hoy lo vuelvo a sostener, no tiene atajos, se requiere del trabajo y del esfuerzo de la sociedad, de la inversión de las empresas y de la capacidad del gobierno para generar un ambiente de confianza y de estabilidad”, enfatizó. Asistieron José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón. Peña hizo un recuento de los cambios emprendidos durante su administración, sobre todo con las reformas Energética y Educativa. Discursos con tono de despedida triunfal. “O que la nación me lo demande”. IV. Justicia selectiva. Elba Esther sí, pero Andrés Granier no consiguió cárcel domiciliaria. Cosas de jueces y abogados. Elba Esther Gordillo, exlideresa del SNTE, tiene a su grupo de defensores trabajando a todo tren para que el capítulo prisión pase pronto en su vida. Acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entregar evidencias que, según ellos, prueban que su cliente es una “presa política del Estado mexicano”. Marco Antonio del Toro viajará a Washington con el objetivo de presentar información relacionada con supuestas violaciones a los derechos de Gordillo Morales durante los procesos judiciales que enfrenta desde 2013. “Presentaré ante la opinión pública y ante las instancias jurídicas, incluso internacionales, los datos duros que acreditan esta persecución y la forma en que la han orquestado”, señaló Del Toro. Se rumoraba que estaría presa únicamente todo este sexenio… Mmm, ¿piensa mal y acertarás? V. Tomar la ciudad. Desaparecer mexicanos es uno de los crímenes que azota a los gobiernos de casi todos los estados de la República. Pero el viacrucis de los familiares en busca de justicia se vuelve un reclamo largo, doloroso y muchas veces inútil ante la pasividad de las autoridades. Ayer, un grupo de familiares y amigos del activista Bruno Avendaño, desaparecido el 10 de mayo en Tehuantepec, Oaxaca, se trasladaron a la Ciudad de México para efectuar una manifestación exigiendo no sólo respuestas, sino investigaciones. Caminaron por las principales avenidas e ingresaron a la estación Bellas Artes del Metro, donde extendieron sus pancartas sobre los torniquetes y, con altavoz en mano, informaban a los usuarios de sus exigencias y dejaban ingresar a las instalaciones sin pagar boleto, como otra forma de protesta. ¿Alguien en las altas esferas de la política estatal ha tomado el caso en sus manos?