Editorial EL UNIVERSAL / ¿Alerta de género nacional?

Uno de los casos más conocidos fue el de una menor de 11 años, víctima de abuso sexual y luego asesinada, los hechos ocurrieron a bordo del transporte público. Otro fue el de una doctora, de 29 años, encontrada muerta a la orilla de una carretera. Uno más, pero no el último, es el de la joven en Puebla presuntamente asesinada por el conductor de un taxi. Antes fue Lesvy. Hace una semana Anayetzin. En la opinión pública está ahora el caso de Victoria. Y a esos hechos pueden sumarse varios más. La característica que permea en esas historias es que la situación apunta a que sus muertes fueron causadas por un hombre que utilizó su fuerza contra ellas por el hecho de ser mujeres. La mujer mexicana, en general, se encuentra en un estado de indefensión. Los feminicidios continúan a pesar de la indignación masiva que sigue a cada uno. ¿Hasta cuándo habrá resultados de la autoridad para contener ese tipo de asesinatos? En 24 meses, de enero de 2015 a diciembre de 2016 se registraron 2 mil 83 homicidios contra mujeres, uno cada 8 horas, en promedio. De ellos sólo 25% ha sido tipificado como feminicidio. Este concepto se introdujo en los códigos penales hace menos de una década con el fin de establecer garantías de protección a los derechos de las mujeres y para definirlo específicamente como una muerte producto de la violencia y odio contra la mujer, por su condición de género. Como consecuencia de lo anterior, las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportan un dato interesante, pero no sorprendente: la inseguridad en el país no se vive igual. En unas ciudades se percibe más que en otras, y la mujer se siente más insegura que un hombre. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en septiembre la percepción de inseguridad en el país fue de 76%, cuatro puntos más en comparación el mismo mes de 2016. En mujeres la percepción de inseguridad es de 80.3% frente a 71.1% de hombres. Por temor a ser considerados estados con elevados índices de feminicidios, hay resistencia en gobiernos locales para declarar la alerta de género en sus entidades, un mecanismo que involucra a varias instancias con el fin de tomar acciones en conjunto y revertir la tendencia. Luego de conocerse casos de acoso sexual, trata, violencia familiar y, por supuesto, feminicidios valdría la pena pensar en declarar una alerta de género nacional. Actos misóginos y el machismo deben reducirse al mínimo como resultado de acciones concertadas entre diversos sectores. ¿O hay que esperar a que sigan aumentando los casos?

Frentes Políticos I. De a muertito. El todavía alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, se saca los pretextos de la manga para no solucionar los problemas de su comunidad y, aun así, quiere gobernar Morelos. La madrugada del 29 de septiembre, Alfredo Israel, un joven de 23 años, estudiante de octavo semestre en derecho, fue asesinado en el bar Attico de Cuernavaca, cuando defendía a una mujer. El edil recordó que la prevención del delito en todos los municipios de Morelos está en manos del gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal de Seguridad, esto luego de que la familia del estudiante le pidió regular los bares de la ciudad. “No puedo”, les contestó. “¿Qué te digo? ¿Con quién está el fiscal? Con el gobernador. Ellos tienen el Mando Único, tienen cámaras”. Todos son responsables, menos él. Con estas respuestas, ni de adorno sirve. II. La experiencia. Mientras en otros institutos políticos evidencian su desesperación por madrugar con su candidato para la Presidencia en 2018, pero lo único que consiguen son confusiones y rupturas, en el PRI se toman las cosas con la calma necesaria. El PRI dará luz verde este viernes a los métodos de selección de sus candidatos para la contienda electoral. Este martes, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, con fundamento en los artículos 77 y 84 de sus estatutos, y 18, 22 y 23 del Reglamento del Consejo Político Nacional, emitió la convocatoria para la XLI Sesión Extraordinaria de su Consejo Político Nacional. Por algo han llevado la mayor parte del tiempo las riendas del país. En medio de las pugnas internas e indefiniciones de sus opositores, el PRI transita ligero, pero cuidadoso. Saben lo que hacen. ¿O no? III. Ocurrente. ¿Qué opina? Un legislador propone renovar la cédula profesional cada seis años. Para acreditar la certificación, los interesados deberán presentar un examen teórico-práctico, a fin de demostrar que tienen los conocimientos necesarios. La idea de Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza, sugiere que la SEP integre un padrón por especialidades de todos los profesionistas titulados y certificados, la cual deberá actualizarse anualmente y estar disponible para su consulta, a través de los medios electrónicos institucionales. Plantea, además, que quienes no acudan a la certificación referida estarán impedidos para seguir ejerciendo la carrera. Pequeño detalle: él no cuenta con cédula profesional. Según su currículum, sólo cursó nivel bachillerato. ¿Y con usted qué procede, señor incoherencias? IV. Castigo ejemplar. Petróleos Mexicanos rescindió el contrato de trabajadores de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Salamanca, quienes incurrieron en robo de combustibles. Son cuatro trabajadores que manipulaban los medidores de las pipas para sobrecargarlas y reportar menores volúmenes de salida. El área jurídica de Pemex presentará denuncias penales. Adicionalmente, se investiga a trabajadores de otros centros de trabajo que pudieron haber incurrido en actos ilícitos. Pemex asegura que no tolerará “el robo de combustibles ni ningún otro tipo de delito”. Sin excepción, cualquier empleado vinculado con la delincuencia será removido inmediatamente. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, reconoció que el robo de combustibles se ha convertido en un severo problema. Buen momento para ponerle fin. Que lo paguen con cárcel. V. Estado ejemplar. Un grupo de alrededor de 20 inmigrantes hondureños arremetieron contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes los trasladaban de Caborca hacia Hermosillo, donde serían deportados; al menos seis lograron escapar. Juan Manuel Hurtado, titular de la Delegación en Sonora del INM, explicó que los indocumentados aprovecharon un momento en el que se atrasó la escolta de la Policía Federal para escapar. No obstante, no son considerados como fugitivos porque no cometieron ningún crimen, sino una falta administrativa, por lo que montarán un operativo para intentar recapturarlos. Pues no será un crimen, pero es una actitud intolerable, sobre todo por lo bien que le ha ido a Sonora en esta administración. Es el único estado en el que, por ley, se combate la pobreza, no se merece algo así.