Editorial EL UNIVERSAL / ¿Para qué realiza AMLO un “censo”?

El próximo gobierno anuncia un censo para seleccionar a quienes recibirán los tres nuevos programas sociales. El propósito es localizar a más de 8 millones de adultos mayores, a 2.6 millones de jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo, y a casi 2 millones de personas con discapacidad grave. De entrada, nada habría que reprochar, y sí mucho que reconocer, de un ejercicio que pretenda: a) Realizar una búsqueda activa —censal— de grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. b) Aplicar criterios de selección objetivos y transparentes para asignar recursos del presupuesto público. c) Transferir subsidios directos a grupos de población con mayor necesidad. d) Y así, contribuir a romper obstáculos que enfrentan estos grupos de población para ejercer sus derechos. Por eso, el propósito del censo es incuestionable. Ejercicios similares han sido realizados con éxito en países como Colombia, República Dominicana y Pakistán, entre otros. El resultado de estos ejercicios es un “Registro socioeconómico de población”. Una base de datos que permite asignar los apoyos sociales a quienes realmente lo necesitan. Una base de datos así puede también funcionar como “Padrón único de beneficiarios”. Dado el enorme esfuerzo, la base de datos podría servir no sólo para los nuevos programas. Podría ser la única “puerta” de acceso a subsidios. Y la vía obligatoria para los tres órdenes de gobierno para canalizar programas sociales. Los beneficios de un registro socioeconómico que funciona como “padrón único” son múltiples: se evitan duplicidades, se previene la exclusión, se posibilita la complementariedad de intervenciones e incluso —cuando la “base de datos” se articula a un sistema de información robusto— se puede dar seguimiento a los resultados. Sería el “SAT inverso”. Además, elimina la discrecionalidad y corta la raíz del clientelismo político. Aunque solo fuera para los tres nuevos programas, que canalizarán más de 100 mil millones de pesos, el censo debe cumplir tres requisitos indispensables: institucionalidad, cobertura universal y rigor técnico. 1. Institucionalidad con sustento normativo. El censo debe ser realizado por un área del gobierno con las atribuciones legales necesarias, sujeta de responsabilidades administrativas, abierta al escrutinio público y sometida al control de entidades fiscalizadoras, del Congreso y de la ciudadanía. 2. Cobertura total. El ejercicio debe llegar a toda la población, tanto quienes viven en las 100 mil localidades más aisladas como los 70 millones de personas que viven en zonas metropolitanas. No basta cubrir las zonas marginadas. No se puede discriminar a personas con la misma condición socioeconómica por su ubicación geográfica. 3. Solidez técnica. Los medios de georreferencia, el cuestionario, su aplicación en campo y supervisión, los criterios para el procesamiento e integración de la base de datos, su administración y actualización, todo ello, requieren normatividad clara, sustento técnico y capacidad operativa. Hay muy poca información del nuevo gobierno para saber si estos criterios se cumplen. Lo poco que se sabe es preocupante. De entrada porque no hay marco institucional. Pareciera que el ejercicio se está realizando ya, desde una estructura “parapartidaria”, dado que el próximo gobierno aún no ha entrado en funciones. Este origen no es un hecho menor. Afectará de manera irreversible el resultado. Imposible que sea padrón “único” y podría ser ilegal usarlo para los nuevos programas. La “focalización geográfica a zonas marginadas” dejaría fuera una parte significativa de población generando una exclusión injustificable. Y la prisa va en detrimento de la calidad de los datos. No hay manera de culminar un operativo complejo y masivo de estas características en pocos meses. A menos que el objetivo sea otro. Lo cual sería grave, triste y totalmente incongruente. Esperemos que no. Por el bien de todos, y sobre todo de los más pobres. OPINIÓN / El mexicano también discrimina

Históricamente, México ha sido considerado como país destino de grupos que fueron obligados a emigrar de sus países. Gracias a una política de apertura a la inmigración, desde el siglo XIX y hasta la fecha, nuestra nación ha recibido a miles de personas de todo el mundo que, por diferentes causas, dejaron sus hogares. En el contexto actual, en el que la fortaleza de las democracias está a prueba debido, en buena medida, a que grandes grupos sociales se mantienen críticos frente a los beneficios de la globalización y en el que los nacionalismos se exaltan, cobran fuerza aquellos que ven con recelo compartir el mundo con otros que aparentemente son distintos. La llegada a México de miles de hondureños con rumbo a Estados Unidos, que marchan hacia el país vecino en busca de una mejor calidad de vida, revela los claroscuros que conviven en el imaginario colectivo. Por un lado, existe empatía hacia los migrantes hondureños y la condición que viven; por otro, los mexicanos han manifestado claramente sus prejuicios en contra de los migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica. De acuerdo con una encuesta realizada por EL UNIVERSAL con el fin de conocer la percepción sobre la caravana de migrantes hondureños que llegó al país, aunque casi la mitad está de acuerdo en que las autoridades les permitan el paso y se les dé refugio, más de 60% percibe negativamente un hipotético arribo de migrantes indocumentados de Centroamérica a su comunidad. El tema polariza las posiciones entre los mexicanos. Mientras casi la mitad está de acuerdo en permitirles el paso a México y que reciban refugio, casi cuatro de cada diez se manifiestan en contra. En tanto, casi 50% está de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno mexicano, que impidió el paso a migrantes que intentan ingresar sin documentos y una proporción similar está en contra. Una parte de los mexicanos aborrece a los centroamericanos del mismo modo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus simpatizantes lo han hecho con nuestros compatriotas. En el país del norte, estas cuestiones han acarreado división entre quienes rechazan y quienes aceptan a los migrantes, además de que evidentemente se han multiplicado los casos de racismo y discriminación contra la población latina que ahí habita. ¿Vive nuestra nación una situación similar? Todo lo anterior muestra que queda un largo camino por recorrer para que en México se arraiguen la tolerancia y el respeto al recién llegado, a pesar de los avances logrados en materia de derechos humanos y en el combate a la discriminación. La autoridad podría ser la primera en mostrar más empatía hacia los migrantes. Al final, el nuestro es un país construido también por quienes han llegado de fuera.

Frentes Políticos I. Buen trabajo. No existe impedimento legal para que se reelija el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, actual presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. El experto en derecho constitucional, Elisur Arteaga, explicó que puede ser reelecto para el periodo inmediato por un lapso de tres años, que iniciará en enero de 2019. La razón del porqué fue designado tiene fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la capital. El magistrado no sólo tiene la venia legal, estudiada por Arteaga, quien es uno de los más reconocidos constitucionalistas de México. También, y eso es lo más importante, se sabe que lo apoyan para su reelección 42 de 80 magistrados. El prestigio es un bien que se conquista. La confianza nadie te la regala. II. Poderío. La diputada Lorena Villavicencio presentará hoy una iniciativa para que a nivel nacional se despenalice el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo. El proyecto de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia resalta que se impondrá de tres a seis meses de prisión a la mujer que voluntariamente practique el aborto y consienta que otro la haga abortar después de las 12 semanas de embarazo. “Estamos presentando uno de los temas de la agenda, con esto vamos a iniciar una discusión importante porque sí queremos que las mujeres elijan libremente sobre su cuerpo”, expuso Villavicencio. ¿Y el PAN? Cómo contrarrestará la propuesta. ¿O ya se da por perdido? III. Sin juegos. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, dio certezas al sistema bancario mexicano. Afirmó que los bancos, tanto nacionales como extranjeros, tendrán seguridad durante su gobierno. “Necesitamos de la inversión, no basta de la inversión pública, no basta con la inversión privada nacional, hace falta también la inversión extranjera”, dijo el tabasqueño en un video que publicó en redes sociales. El futuro mandatario informó que conversó con Ana Botín, del Banco Santander. Por su parte, Ana Botín anunció que seguirán invirtiendo en México y confió en que el gobierno entrante seguirá apoyando el desarrollo del país. Fuera nervios. Todo va bien. IV. Fuego cruzado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación arde en acusaciones. Por un lado. miembros activos del SNTE denunciaron ante la PGR a su líder, Juan Díaz de la Torre, por el presunto manejo irregular de alrededor de 20 mil millones de pesos del Fondo de Retiro de los Trabajadores. Solicitaron investigar a la empresa de créditos ETESA porque señalan que actúa en contubernio con el dirigente sindical. Luis Pérez y Venancio Zúñiga, miembros activos del SNTE, levantaron la acusación y fueron a su vez denunciados por el sindicato por el delito de falsedad de declaraciones y en informes dados a una autoridad. El pleito apenas comienza.  V. Buenas cuentas. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, se despide de su gestión con números negros. “Nuestro país es el sexto más atractivo para las inversiones en energías renovables y es uno de las 10 naciones con mayor inversión en este ámbito. La Reforma Energética creó un mercado eléctrico en donde los grandes consumidores compran y venden electricidad o bien a la CFE”, señaló durante el panel Evaluar la Política Energética de México, de la 16° Edición México Cumbre de Negocios. Resultado de tres subastas de energías limpias y una inversión por ocho mil 600 millones de dólares, se construirán 65 nuevas centrales eléctricas, fundamentalmente de energía solar y eólica. Bases sólidas para el desarrollo. No las desaprovechen.