Editorial EL UNIVERSAL / Choca AMLO con la poderosa élite económica Es inocultable la crispación y el enojo que provocó entre empresarios y ciudadanos que no votaron por AMLO, pero incluso entre muchos de los que sí, la decisión anunciada el lunes pasado por el presidente electo, en acatamiento al resultado de una votación que puede ser llamada como se quiera, menos consulta popular constitucionalmente válida, de cancelar la construcción del NAIM en Texcoco y optar por el proyecto de dos nuevas pistas en Santa Lucía, el reacondicionamiento del AICM y el mejor aprovechamiento del de Toluca. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Capricho? ¿Venganza? ¿Odio de clase? ¿Cambio de beneficiarios de contratos? ¡Qué dolorosa decepción si así fuera! Creo, entonces, que una respuesta puede encontrarse en esta declaración que el presidente electo hizo el día del anuncio: “Hay desde ahora una frontera clara entre poder económico y poder político, el gobierno es para todos, no va a estar al servicio de una minoría, va a privilegiar el interés general, a lo que más convenga a la nación, les guste o no”. Los últimos gobiernos —sin recato el que está por concluir— han privilegiado, si no es que se han subordinado, a los intereses de una poderosa élite con la que se han enriquecido hasta el descaro con la entrega de multimillonarios contratos y concesiones. La decisión de AMLO sobre el aeropuerto es entonces un manotazo en la mesa, el mensaje de que hasta aquí llegaron los gobiernos que privilegian a una minoría, que para mandar se consultará a la gente y que el cambio de régimen va en serio. ¿Texcoco o Santa Lucía?, preguntó a la gente el presidente electo entre el 25 y el 28 de octubre pasados. Dijo en su momento: optaré por lo que el pueblo decida. Y muy buena su intención de recurrir a la democracia participativa. Pero fue una coartada, un argumento de inculpabilidad, lo que resultó el famoso sondeo. Y le llamo sondeo porque, en los actuales términos constitucionales, eso no fue una consulta popular representativa, verificable y vinculante. En total votaron un millón 96 mil 990 ciudadanos, 696 mil 990 menos que el millón 793 mil 980 (2% de la lista nominal de electores) que exige el artículo 35 de la Constitución para que los ciudadanos puedan promover una consulta popular. AMLO, hábilmente, vendió la idea de que el resultado sería vinculante, es decir, de aplicación obligatoria para las autoridades. Pero esa calidad solo se puede lograr —según la ley— si en la consulta vota 40% de la lista nominal de electores, es decir, 35 millones 879 mil 598 ciudadanos. En el sondeo de López Obrador solo votaron un millón 96 mil 990 ciudadanos. Es cierto que las regulaciones de nuestra incipiente democracia participativa están llenas de candados, pero también lo es que contienen normas que ponen orden y eficacia, entre ellas la que mandata al INE a organizarlas en día de elecciones federales, es decir, cada tres años. Las fracciones parlamentarias de Morena ya propusieron una iniciativa de reformas a ese artículo 35 de la Constitución para que, entre otras cosas, las consultas puedan realizarse cada año. Pero era al revés: primero el ajuste a la ley y luego la consulta. Por lo pronto ya se ensució un recurso de la democracia directa al que muy poco estamos habituados. En el fondo de la decisión sobre el aeropuerto está entonces el choque de un gobierno electo empeñado en un cambio de régimen contra los grupos de interés que se verán afectados por ese cambio. La pregunta es si la consecución de ese alto objetivo vale en términos económicos lo que ya empieza a costar. Porque tirar a la basura lo ya construido en Texcoco, 60 mil millones de pesos pagados, más 40 mil millones en gastos no recuperables de las constructoras con sus proveedores y 20 mil millones de pesos estimados en el pago de indemnizaciones, suena a despilfarro en un país con nuestros niveles de pobreza. Y falta ver lo que se perderá en litigios y en los mercados cambiario y accionario. Pero AMLO advierte, no sin razón: “Imagínense al Estado mexicano supeditado a los mercados financieros, ¿Quién manda?”. Pero también debería preguntarse ¿cómo gobernar a los mercados? ¿Qué hacer para avanzar de la mano con ellos? Porque son reales, ahí están, pesan. Y mal nos ha ido cuando hemos intentado coartarlos. Quizás por eso ya puso a trabajar a Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú en una estrategia para tranquilizarlos. INSTANTÁNEAS: 1. ENDEBLE. Huelen a fabricación de culpables las detenciones ordenadas por el fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, por el asesinato en Acapulco de la doctora Reyna Valenzo Pérez que provocó marchas de indignación y repudio. Los afectados aseguran que el gobierno de Héctor Astudillo presionó al juez de control Andrés de la Rosa para que los procesara sin los elementos de prueba suficientes. Uno de los consignados, Juan Salvador Abarca, declaró que fue su primo el autor intelectual y material del homicidio. Pero a él lo incrimina el testigo Juan Crisóforo Reyes, de 60 años, quien asegura que vio a Abarca por el espejo retrovisor de su motocicleta cuando circulaba por el lugar de los hechos. 2. PISTACHE. Buen punto se anotó la Agencia de Investigación Criminal que encabeza Omar García Harfush con la detención en el complejo High Park de Lomas de Santa Fe, de David García Ramírez alias El Pistache, líder del grupo delincuencial La Unión Tepito. Este sujeto extorsionaba, exigía derecho de piso, vendía droga y manejaba una red de prostitución en Polanco, la Condesa y la Roma. OPINIÓN/ Profesionalizar la diplomacia

La diplomacia debe ser una actividad para que la desempeñen aquellos que se han preparado durante años, no los improvisados. Los diplomáticos ejercen actividades que comprenden muchas facetas: desde mantener relaciones fructíferas con gobiernos de otros países y promover la cultura mexicana en esas naciones, hasta negociar acuerdos y flujos de inversión e impedir confrontaciones, por mencionar algunas. El siglo pasado la diplomacia mexicana generó figuras destacadas a nivel nacional e internacional. Baste mencionar a Alfonso García Robles, que logró la firma del Tratado de Tlatelolco entre los gobiernos de América Latina para proscribir en la región las armas nucleares. Otro logro de la diplomacia mexicana fue la creación del Grupo Contadora, conformado por Colombia, Panamá y México para pacificar la región centroamericana en la turbulenta década de los 80. Se trató de una generación con ideas claras de lo que debe ser la política exterior. Sin embargo, en el Servicio Exterior mexicano la presencia de políticos se ha vuelto numerosa. El artículo 89 de la Constitución faculta al Presidente de la República para nombrar y remover embajadores y cónsules, pero el artículo 7 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano limita los nombramientos de políticos o funcionarios a 18% del total de las plazas, proporción que usualmente es mayor. EL UNIVERSAL publica hoy que la oficina del secretario de Relaciones Exteriores solicitó a cerca de 50 titulares de representaciones de México en el exterior, que no forman parte del servicio civil de carrera (es decir no son diplomáticos), su renuncia a más tardar este miércoles 31 de octubre para que sea efectiva a partir del 30 de noviembre. Este trámite es algo usual cada sexenio, pero la diferencia ahora radica en que se pide liberar el cargo de inmediato sin la prórroga de 60 días que se contemplan para la entrega administrativa. Los casi 50 funcionarios que recibieron el mensaje representan casi la tercera parte de los 157 delegaciones mexicanas en el exterior (80 embajadas, 67 consulados, siete misiones y tres oficinas). Al gobierno que entrará en funciones en diciembre se le presenta una oportunidad para revertir la tendencia que ha prevalecido en los últimos sexenios de colocar a políticos al frente de las representaciones diplomáticas. La política exterior mexicana debe proyectarse desde la Cancillería y ejecutarse por profesionales, no por políticos caídos en desgracia que reciben como premio de consolación una embajada o un consulado. Frentes Políticos I.  Al filo de las reglas. Un tema crecerá en interés en la contienda por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, pues uno de los aspirantes, el magistrado Manuel Díaz Infante, nació el 16 de junio de 1949, es decir, tiene 69 años de edad. La nueva Constitución Política de la CDMX —de la que formó parte— estipula como edad mandatoria de retiro para los magistrados los 70 años. Esto implica que tendría que retirarse en unos meses. Servidor público desde hace más de 45 años, magistrado en materia familiar, exdiputado constituyente, es de los hombres que más sabe de justicia en este país. Quien fuera presidente de la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia y Seguridad Ciudadana de la Asamblea Constituyente presentó su libro Testimonio hace unas semanas. Y aunque la Ley Orgánica que actualmente gobierna al Tribunal establece que la edad máxima para ser magistrado es de 75 años, la nueva Constitución la redujo a 70 años. Apto, lo es. ¿Lo dejarán? II. Aplanadora. La burla se consumó. Pese a una barrera de senadoras que protestaron en su contra, Noé Castañón Rodríguez, acusado de violencia familiar por su exesposa, rindió protesta como senador de la República. El legislador priista era el único de los 128 que faltaba, porque el presidente del Senado, Martí Batres, se había negado a llamarlo hasta que concluyera su proceso judicial; sin embargo, el Tribunal Electoral ordenó a la Mesa Directiva convocarlo. Su exesposa, Mayté López, llegó al recinto para solicitar el apoyo de los legisladores, manifestar su inconformidad y temor, y buscar audiencia con su anterior pareja pactar sobre la custodia de sus hijos. El hombre volvió a usar su poder avasallador y, mientras ella lloraba, él se vestía de fuero. III. Rebote. Las autoridades mexicanas no han querido analizar a fondo el problema, pero los migrantes, al toparse dentro de unos días con la barrera de cinco mil 600 soldados que Donald Trump envió para proteger su frontera, serán un conflicto para México, donde terminarán encerrados. Hasta ahora, el número de solicitudes de refugio por parte de migrantes en México creció de dos mil en 2014, a 23 mil en 2018, reportó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Tenosique, Tabasco. El jefe de la oficina en esa localidad, Andrea Righetti, señaló que la Declaración de Cartagena en 1984 reconoce como refugiados a quienes huyen de un contexto de violencia en sus países de origen, en este caso, de Honduras, El Salvador o Guatemala. Más de 20 mil solicitudes. ¿Cuántos se quedarán aquí?, ¿afectan o ayudan a la economía? ¿Son o no son carga? IV. Ni cómo ayudarles. En México, cada legislatura resulta peor que la anterior. Si antes fue el dispendio, hoy lo es la irresponsabilidad. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, manifestó sentirse triste y molesto con los faltistas e impuntuales, lo que, aseguró, no dignifica al Congreso. Al inicio de la sesión de ayer, en la que compareció Otto Granados Roldán, titular de la SEP, Muñoz Ledo expresó su descontento al ver la mayoría de las curules vacías. Como todos los días de sesiones, el presidente llegó puntual. Pero eran las 11 de la mañana y sólo había 224 legisladores, no había quórum. Dio 15 minutos de tolerancia, pero nada. Ya después abrió la sesión con 373 presentes, pero no cesaron los regaños ante el desorden. Lo vergonzoso es que cobren su quincena… ¡puntualmente! V. Buen trabajo. Dos ciudadanos hondureños contra quienes existen órdenes de captura vigentes fueron devueltos a su país tras ser detectados dentro de la caravana de migrantes. Derivado de los trabajos de inteligencia y coordinación regional con autoridades de otras naciones, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración los identificaron. A través de la coordinación con la Interpol y la Policía Nacional de Honduras, la Policía Federal los ubicó entre quienes solicitaron su ingreso al país. Uno de ellos, vinculado a delitos por droga y el otro por su probable relación en el homicidio de tres personas. Está más que claro que mientras el conflicto migratorio crece, es la Policía Federal la que ha sacado la casta ante el abandono de los diplomáticos, que simplemente no detienen el flujo migratorio.