Editorial EL UNIVERSAL / Estado en riesgo A menos de un mes de la elección del próximo 1 de julio, la intervención del crimen organizado convirtió a este proceso electoral en uno de los más violentos que ha vivido nuestro país en su historia. Desde septiembre de 2017 hasta la fecha han sido asesinados más de cien políticos de todos los partidos, en distintos estados del país, y decenas fueron amenazados o intimidados por intereses desconocidos. El fenómeno de la violencia en campañas no distingue colores ni formas, está ahí presente y coacciona el entorno sociopolítico. El ataque a balazos a la sede del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, ocurrido ayer en Tamaulipas, es una muestra más de que hay quien busca apropiarse del proceso electoral a partir de la violencia. La forma en que el crimen incide en los procesos electorales en curso es cada vez más evidente y osada. Está claro que estas bandas organizadas buscan imponer sus agendas, condicionar a los nuevos gobernantes y amenazar a quienes asumirán el poder con el fin de preservar o mejorar sus negocios ilegales. Este fenómeno hace peligrar seriamente nuestro Estado de Derecho, además de que refleja la profunda penetración del crimen organizado en las dinámicas sociales, en la cultura de las poblaciones de nuestro país. La incidencia directa de dichas bandas en los procesos electorales refleja un gran poder que no ha podido ser contenido por las fuerzas gubernamentales y que, por el contrario, se les enfrenta sin temor a las consecuencias. La violencia en el proceso electoral en curso, pese a haber tenido gran visibilidad, no ha provocado una reflexión cabal en torno al riesgo latente que representa. Por un lado, existe la posibilidad real de que la violencia derive en la abdicación práctica de las autoridades de distintos niveles sobre sus responsabilidades; por otra parte, las instituciones del Estado están en peligro de ser capturadas por el crimen organizado. Esta realidad no es un problema que requiere únicamente la intervención del árbitro electoral, sino del Estado en su conjunto, de gobiernos, instituciones y ciudadanía. En el fondo, tenemos un proceso electoral viciado de origen que requiere ser legitimado en cada una de sus fases, porque también está en posibilidades de ser capturado por este poder fáctico. Nuestro país registra zonas en las que la presencia e influencia del crimen es amplia, en los que los gobernantes parecen haber cedido al poder informal de las bandas organizados. La violencia en las campañas es un serio llamado a gobernantes y candidatos a ejercer el poder para desterrar a los violentos, de otro modo el fenómeno solo irá al alza y, lo que es peor, seguirá minando a nuestra fortaleza institucional y a nuestra democracia. Frentes Políticos I. En terreno contrario. De visita en Iztapalapa, bastión perredista, Mikel Arriola, candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, se comprometió con los vecinos de La Joya, conocida como “El Hoyo”, a emitir un decreto para declarar el estado de emergencia por la inseguridad. “Vamos a entrar con operativos, sin molestar la paz pública, con la Marina, a desarticular los cárteles de la droga, y está incluido Iztapalapa”, dijo. Problema ancestral en la zona, se comprometió a regularizar los predios y con ello garantizar servicios públicos. Acostumbrados a que los utilicen como carnada electoral, el que les prometan sacarlos del olvido es más de lo que han recibido en décadas. Vote, no deje que otros decidan por usted. II. Billetito habla. En otra de las atinadas decisiones de César Augusto Peniche Espejel, fiscal general de Chihuahua, reconoció que la política de cero corrupción al interior de la dependencia está generando conflicto entre los grupos criminales de ese estado. “En Chihuahua hemos sido muy puntuales de no tener ningún vínculo y evitar que nuestros elementos de la policía asuman compromisos con la delincuencia, lo que de alguna manera está generando una confrontación con las organizaciones delictivas”, dijo el funcionario, quien participó en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que se celebra en Playa del Carmen, y precisó la necesidad de “destinar mayores recursos en materia de seguridad pública y como estrategia para detonar el desarrollo en municipios que han perdido la capacidad de captar turismo, por el temor de la inseguridad”, afirmó. Sin dinero no hay paz. Que quede claro. III. Convencido. Armando Ríos Piter, quien intentó ser uno de los candidatos independientes en estrenar esta fórmula democrática en México, tiene una certeza: que la contienda presidencial la ganará el PRI. “El voto de los electores indecisos dará el triunfo a José Antonio Meade, al candidato de la coalición Todos por México”, aseguró El Jaguar. De gira por Sonora, recalcó que el margen de indecisos que marcan las encuestas, sus propuestas y tener al candidato mejor preparado en los comicios, permiten vaticinar un triunfo para Meade. Pudo ser un digno representante de los independientes a la Presidencia, pero en México la lógica no siempre opera a favor. Una lástima no tener a El Jaguar en la boleta. IV. Quietecitos. El INE reveló las reglas del juego para el tercer debate presidencial, el próximo 12 de junio, en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán. Y entre lo que descubrieron los representantes de los candidatos Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez fue que en las reglas de convivencia, que ya firmaron, está el impedimento para levantarse de su asiento y confrontar a sus oponentes políticos. El formato permitirá que haya una mesa en forma de herradura y enfrente estarán los moderadores. Los cuatro contendientes podrán llevar material impreso como apoyo para sus exposiciones, pero no podrán llevar aparatos electrónicos. Traje y corbata, a pesar del calor. Y por favor: lleven propuestas. V. Reacción a tiempo. La agresión que sufrieron marinos en Jalisco a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación y pobladores debe ser el ejemplo que ponga fin a esta práctica que sólo denota fragilidad moral en la sociedad. Los diputados del Congreso de Morelos se pronunciaron para que las 32 legislaturas locales se solidaricen con la Secretaría de Marina tras la agresión a los marinos en el marco de una supuesta manifestación pacífica el pasado 5 de junio. Piden el esclarecimiento de los hechos y la consignación e identificación de los responsables. Es ahora. Posponerlo pone en riesgo la estabilidad del Estado de derecho. Hay leyes, cúmplanlas.