Michel Hernández, Vocero de la asociación civil Cambio de Ruta, en entrevista para Érika Salgado en WFM 100.1, manifestó que hay una gran molestia entre los usuarios del transporte público debido a que el aumento a la tarifa de 9 pesos con 50 centavos, representa una gran violación a la ley debido a que éste aumento inflacionario estaba condicionado a cambio del mejoramiento de los estándares de calidad de los permisionarios… cosa que jamás ocurrió, dijo.    “Si bien es cierto la ley contemplaba un aumento automático anual inflacionario, la verdad es que ése aumento queda condicionado con los estándares de calidad del servicio y se cumplan los estándares de calidad, pero todos sabemos perfectamente que estamos presos de un monopolio de camioneros. Nos da mucha pena ver las actitudes por parte del mismo gobernador que han sido parte de una presión social pero que no cumplieron con las disposiciones para que los permisionarios cumplieran con la ley”.   El activista social adelantó que ante este panorama se procederá legalmente mediante la interposición de amparos para frenar el cobro de la nueva tarifa, pues recordó que no sólo se viola el Artículo 94 de la Ley Estatal de Transporte que habla de las condiciones para la autorización de un aumento, sino también la forma en la que el Consejo Estatal de Transporte tomó la decisión del aumento sin realizar un estudio como la ley lo exige.   En este sentido lamentó el silencio del Gobierno del Estado y la falta de responsabilidad del Congreso del Estado, pues dijo fueron ellos quienes permitieron que se llegara a ésta situación.    “El congreso del Estado dejó que esto llegara a la misma situación, nosotros les entregamos un pliego petitorio donde se pedía que presionaran para que se mejoraran las condiciones del transporte público, ningún diputado asumió esa agenda, ninguno se comprometió”.   Michel Hernández aseveró que al dejar que se estableciera en la ley, el aumento anual de la tarifa, tanto el Congreso como el gobierno se quitaron la responsabilidad de discutir la tarifa de un servicio que tiene secuestrado a los potosinos.    “Quitarnos la responsabilidad no beneficia en nada, es algo completamente ilógico estar dando cada año un premio a los concesionarios cuando no están dando verdaderos servicios, con un negocio de un muy alto margen de ganancia pero que da mal servicio”, concluyó.