San Luis Potosí, México (22 Marzo 2018).- Con la información que ha dado a conocer GlobalMedia y Ciudadanos Observando sobre la presunta aplicación irregular de recursos gestionados por legisladores locales ejecutados en Ciudad del Maíz hay elementos suficientes para que “varios de estos diputados estuvieran siendo imputados ante un juez de control, para que pudieran, eventualmente vincularse a proceso y seguirse una investigación complementaria”, señaló Jorge Chessal Palau, experto en temas jurídicos. Dijo que esto no debería de quedar en un investigación particular como la que realiza actualmente GlobalMedia y Ciudadanos observando o una investigación de carácter administrativo como la que podría realizar la Auditoría Superior del Estado. Indicó que los diputados ni siquiera “tienen la capacidad legal para gestionar recursos. Es decir ya a partir de allí estamos frente a un situación”. Explicó que al ser el Congreso del Estado una asamblea integrada por diputados, por lo que los legisladores en particular no tiene atribuciones legales para actuar de manera separada de la institución del Legislativo, aclaró que incluso podría darse una actuación mediante comisiones, de otro modo están ejerciendo indebidamente su cargo, situación que está sustentado en la Constitución Política del Estado en su artículo 57. Además la Ley Orgánica del Congreso del Estado establece en su artículo 20 que las atribuciones del Congreso del Estado en su relación con la ciudadanía son conceder premios y reconocimientos o amnistías e indultos por delitos del orden común y no expresa ninguna labor de gestoría. Chessal Palau abundó que hay un Comité de Orientación, Gestoría y Quejas regido por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Congreso que le da la facultad a esta comisión de otorgar recursos asignados al propio congreso para las personas que soliciten apoyos, pero nada más, no les da facultades de andar gestionando obras.

Apuntó que además las autoridades municipales de Ciudad del Maíz deberían explicar muchas cuestiones. Dijo que la Fiscalía tendría que estar dando a conocer la fecha para la audiencia de imputación de los delitos a los legisladores e incluso analizar si no se cae en el supuesto de una Pandilla, ya que de acuerdo a su definición es la reunión o acuerde entre dos o más personas que sin tener una estructura organizada, por lo menos transitoriamente, cometen un delito”.