Eran las 5 de la tarde del viernes 5 de junio. Las hermanas activistas Roxana y Claudia Hernández formaban parte del contingente que se dio cita en la Plaza de Armas para efectuar una manifestación, que pretendía ser pacífica, por la muerte de Giovanni López, joven de 30 años que murió a manos de policías en el estado de Jalisco con el pretexto de que no traía cubrebocas. Roxana y Claudia no se imaginaban que ese día lo terminarían tras las rejas. El contingente de manifestantes le dio algunas vueltas a la Plaza de Armas para posteriormente dirigirse a Eje Vial, donde se encuentra el Edificio de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, ahí fue donde iniciaron los destrozos. Un grupo de jóvenes a quienes ahora Claudia y Roxana identifican como miembros del “Frente Revolucionario Antifascista” comenzaron a aventar piedras y a realizar pintas contra este inmueble y se toparon con una patrulla de la Policía Municipal de Soledad, la cual destrozaron y le lanzaron una bomba de humo. No todos los manifestantes participaron en los actos vandálicos, incluso había jóvenes que por primera vez participaban en una protesta a quienes Claudia y Roxana intentaban proteger. Más tarde, de nuevo en la Plaza de Armas, algunos de los manifestantes empezaron a lanzar piedras en contra de Palacio de Gobierno y Palacio Municipal, pero la peor parte se la llevó el recinto de Congreso el Estado. Los manifestantes más radicales ingresaron al recinto de Congreso y sacaron un busto del ilustre potosino Ponciano Arriaga, al que incluso le prendieron fuego; entre llamas, el ilustre abogado fue testigo de los destrozos que ahí se vivieron, en donde incluso una bandera mexicana se convirtió en cenizas. De repente, llegaron al lugar alrededor de 50 granaderos a bordo de “rinocerontes” (patrullas adaptadas para participar en motines y marchas) y empezaron a llevarse detenidos a jóvenes que se encontraban en el lugar, muchos de ellos ni siquiera estaban participando en los actos vandálicos, pero lo importante era tener a quien culpar y castigar por los destrozos. Dos de las detenidas fueron precisamente Claudia y Roxana, quienes sin deberla ni temerla fueron subidas a la patrulla, en total eran 10 detenidos entre los que se encontraban cuatro jóvenes aparentemente menores de edad, uno de ellos un joven que iba paseando con su abuela en Plaza de Armas y sin decir “agua va”, los elementos los detuvieron y se lo llevaron. Minutos después ingresaron al onceavo detenido, un hombre vestido de camisa blanca, gorra blanca y pantalón de mezclilla, a quien Roxana identificó como el único detenido que realmente participó en los actos vandálicos. De ahí, los trasladaron hasta el estacionamiento del Edificio de Seguridad Pública. En el lugar los estaban esperando 25 elementos de la Policía Estatal, algunos de ellos vestidos con equipo anti-motín. Los detenidos y detenidas fueron bajados a golpes, al único que no golpeaban, narra Roxana, es al onceavo detenido, el joven de pantalón de mezclilla y camisa blanca: “nos solicitan que nos pongamos contra una pared y ahí empieza otra sesión de golpes, ahí es cuando nos quitan todas nuestras pertenencias, hubo ataques psicológicos, insultos”. Luego de la sesión de golpes, los detenidos fueron trasladados en fila india por las escaleras, en el trayecto seguían siendo golpeados, los elementos no distinguían entre hombres y mujeres, a todos les tocaban macanazos en espalda, costillas y brazos. Claudia y Roxana, junto a los demás detenidos, llegaron a un patio en donde les preguntaron sus datos personales y de ahí los trasladaron a un pasillo, “mi hermana y yo le dimos el nombre del pasillo del hostigamiento”, narra Roxana. Mientras esto ocurría, llegaba al lugar de los hechos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Jaime Ernesto Pineda Arteaga, asegurando que sus elementos habían procedido conforme a la ley y tratando de justificar la acción tardía de los policías con un “vean lo que ha pasado en otras ciudades, fuimos prudentes en el actuar, esto para lo que ha pasado en otros lados es poco”. Contrario a las palabras del titular de la SSPE, Roxana y su hermana seguían el procedimiento con el médico legista y en ningún momento dejaron de ser hostigados por los elementos policíacos hasta que llegaron a las celdas de detención. A Claudia la trasladan al Centro de Reinserción de La Pila, acusada de motín y daños materiales, de donde más tarde saldría en libertad, pero bajo medidas cautelares. Roxana y otros 5 detenidos, entre ellos menores edad, por la madrugada fueron trasladados a la barandilla municipal de Abastos, “después de darnos una vuelta por la ciudad” (como práctica de tortura): “nos llevan en una camioneta tapada con más de ocho elementos armados, resguardándome a mí y a los otros cinco detenidos… nos argumentan que a nosotros no tenían nada qué comprobarnos porque ya habían revisado las evidencias y nosotros no habíamos participado en ningún acto vandálico”; luego de ello los dejaron en libertad. Roxana se pregunta el por qué se detuvo a tantas personas menos a los verdaderos responsables de los actos vandálicos, “a los individuos, que nosotros los ubicamos como la primera línea, que fueron los que estuvieron haciendo los destrozos en todos los lugares, pues no hay ninguno detenido de ellos, más que este individuo de camisa blanca que lo dejan en libertad, ha habido una omisión por completo de detener a los verdaderos culpables”. Claudia y Roxana planean levantar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente porque Claudia es defensora de derechos humanos; además de levantar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por tortura y robo de pertenencias, dado que tras ser liberadas no les fueron entregadas parte de sus pertenencias como aretes y anillos.