En días pasados comenzó a circular un oficio firmado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López obrador, en el cual se daba la indicación de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o de movimiento ciudadano  con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”, impactando esta decisión a miles de personas de este país. Obviamente, las voces polarizadas en que se ha convertido desafortunadamente este país, no tardaron en escucharse.

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alcanzado niveles de pandemia, por lo cual, demanda una atención por parte del Estado que obliga a la coordinación interinstitucional. De acuerdo con datos del INEGI, de las mujeres de 15 años y más, el 66.1% ha enfrentado al menos un incidente de violencia alguna vez en su vida, en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en 2018 fueron asesinadas 3,580 mujeres; es decir, en el país casi 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia y durante el año pasado fueron asesinadas en promedio casi 10 mujeres por día.

Siendo San Luis Potosí es uno de los Estados que mantiene en 6 de sus municipios la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde el 21 de junio de 2017, está obligando a realizar acciones gubernamentales de emergencia para atender y erradicar la violencia feminicida. La suspensión de la convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas para la asignación de subsidios a proyectos de coinversión para la operación de refugios y, en su caso, Centros de Atención Externa que atienden a mujeres en situación de violencia extrema y sus hijas e hijos les propicia más vulnerabilidad y las deja en un estado de mayor indefensión respecto de la protección de sus derechos fundamentales.

Por lo anterior y contemplando que el único refugio con que se cuenta para la atención de los 58 municipios potosinos está a cargo de una Organización de la Asociación Civil “Otra Oportunidad” y ante la ambigüedad de la información, es decir, eso de que un día desde la Presidencia se dice que no dará recurso, al otro que sí pero que a través de la Secretaría de Gobernación y a ver con qué  otra cosa salen en estos días, en resumen, sigue sin existir una información oficial y definitiva, Gobierno del Estado debería estar tomando todas las previsiones y acciones necesarias que eviten poner en riesgo físico y psicológico a mujeres, sus hijas e hijos que esta irresponsable medida pueda causarles.

No podemos olvidar que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer firmada y ratificada por el Estado Mexicano contempla como una de sus obligaciones el “suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados”. En el mismo sentido, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 8 que, entre el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales deberá favorecer la instalación y mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos, en tanto que el artículo 56 de la misma ley legal enfatiza que los refugios son espacios de atención multidisciplinaria que garantizan a las mujeres, a sus hijas e hijos servicios especializados gratuitos, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica y psicológica, entre otros, y para apoyarlas a recuperar su autoestima, a reponerse de la situación de violencia vivida y evitar que escale y llegue al feminicidio.

Alguien también debería recordarles que la Recomendación 19 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la cual establece que los Estados deberán ofrecer servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, incluido el establecimiento de refugios, así como aquellas disposiciones constitucionales y legales que procuren la garantía del acceso y disfrute del derecho de las mujeres, sus hijas e hijos a una vida libre de violencia.

Lo que yo piense, estimado lector, lectora,  es lo de menos, lo que sí considero fundamental tener en cuenta, es que dentro de estas organizaciones que han sido descalificadas en lo general por el mandatario de este país, hay varias que tienen a su cargo la operación programas que promueven los derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva, fundamentales para los avances que durante muchos años, han salvado la vida de las mujeres y sus familias.

Pareciera ser, que entre los recortes presupuestales, la eliminación de la estrategia global de instancias infantiles, la indefinición para con la situación de los refugios y el doble discurso en materia del Derecho a Decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos, la tan anunciada 4ª. Transformación ha olvidado que las mujeres no somos una minoría que puede afectar con las decisiones y que el Estado tiene la obligación de transversalizar la perspectiva de género en toda la política pública que establezca.

Parece increíble que a escasos 100 días de este nuevo gobierno, hemos tenido que defender derechos que ya considerábamos garantizados. No daremos un paso atrás y no permitiremos un país sin nosotras.