A lo largo de los últimos meses, al menos en tres ocasiones, grupos feministas han tomado las calles en la Ciudad de México y en algunas capitales de los estados, para expresar su inconformidad por abusos y malos tratos injustificados, en los tiempos que vive nuestra sociedad. El tema de los feminicidios ha tomado auge y relevancia, partiendo de que en muchas entidades, las fiscalías o procuradurías, se resisten a llevar investigaciones de los hechos, partiendo de una perspectiva de género. El pasado lunes por tercera ocasión en los últimos seis meses, organizaciones feministas no gubernamentales, anunciaron una marcha simultánea en la Ciudad de México, y algunas ciudades como Guadalajara y Monterrey, con el propósito de celebrar el día internacional de la No violencia contra las mujeres; sin embargo los grupos que encabezaron la marcha en la Ciudad de México, una vez más incurrieron en conductas ilícitas, que exceden su derecho a la libre manifestación y expresión. De nueva cuenta fuimos testigos de cómo se causaron daños al mobiliario urbano, y llegaron de nueva cuenta al exceso de dañar monumentos, y causar lesiones considerables al patrimonio histórico, ante los ojos de autoridades, que sin más, permitieron dichas conductas omitiendo cumplir con su deber, y con la responsabilidad de preservar el orden público. El Gobierno Federal ha sido respetuoso de una “libertad irrestricta para manifestarse”; sin embargo, nos preguntamos hasta dónde puede llegar dicha libertad, y el derecho a manifestarse, sin afectar a terceros? Hay un límite que para algunos puede ser muy delgado, pero que la autoridad debe establecer y dejar en claro, para no violentar los derechos de la población en general. De igual forma, los daños patrimoniales y la violencia manifiesta en este tipo de marchas, cada día han sido mayores, lo que nos lleva a recapacitar sobre la forma en que debe conducirse el gobierno, en defensa de los derechos y los intereses de la sociedad en general.