San Luis Potosí, México (04 abril 2018).- Más que una ley “anti chapulín” se requiere un ajuste a la Ley Electoral que regule el que los funcionarios que están en un cargo lo dejen para acceder a otro, pero sobre todo poder dar herramientas a la ciudadanía para evaluar su desempeño, señaló Huitzilíhuitl Ortega Pérez, presidente de la Asociación Potosina de Abogados (APA). Señaló que se debe tener un especial cuidado con propuestas de este tipo, pues se podría violar el artículo 5º constitucional sobre el derecho de las personas a votar y ser votados, recordó que ya se han presentado iniciativas al respecto que no han progresado. Dijo que lo que se debe hacer es estar más atentos al desempeño de cada uno de ellos y si son aptos o no para seguir en la función pública, apuntar hacia un gobierno transparente y que se acostumbren a la rendición de cuentas. “Hay que revisar bien los ordenamientos de las leyes orgánicas y de desempeño, dónde los funcionarios deben rendir cuentas, debemos apuntar hacia ahí, eso es lo más importante”. En 2014 asociaciones civiles impulsaron una iniciativa ante el Congreso del Estado, pero no prosperó. En 2002 el Congreso de Baja California se aprobó una reforma para evitar este salto en los puestos de elección popular, sin embargo en el proceso electoral de 2007 de dicha entidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que violaba los derechos electorales. Estados como Chihuahua, Coahuila, Morelia y Tamaulipas también han intentado estas reformas sin prosperidad. El PRI y PRD también han promovido reformas a sus estatutos para impedir el “chapulineo” sin embargo también fueron determinadas improcedentes por la comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE).