La reforma política electoral deberá designar de manera clara la entidad pública competente para investigar y sancionar la violencia política de género, ya sea el Tribunal Electoral del Estado (TEE) como hasta ahora lo ha atendido o le da la facultad al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) señaló la magistrada del Tribunal Estatal Electoral en San Luis Potosí, Denisse Porras Guerrero. “Yo creo que eso va a ser de las cosas más importantes, para que también los actores políticos y las mujeres, cuando sientan que son sujetas de este tipo de conductas, sepan a quién acudir, quien realmente tiene la obligación o la competencia de conocer este tipo de conductas”. El último procedimiento que atendió el TEE por violencia política de género fue por la presidenta municipal del municipio de Zaragoza Paloma Bravo, ya que la instancia federal turnó al CEEPAC y todavía no se acredita una sentencia de fondo. “Es decir, todavía no se acredita o no se dice si hubo violencia política de género o no, si marca un precedente, en el sentido de que le está dando la facultad o la atribución, al órgano administrativo de tener esa competencia para conocer”. En las elecciones pasadas, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado detectó 7 casos formales de candidatas o precandidatas que sufrieron violencia política de género, sin embargo, también se tuvo conocimiento de más de 30 mujeres que se encontraban en esta situación pero no denunciaron, ya sea por un motivo personal o temor a represalias. El periodo “cúspide” es cuando las mujeres son candidatas y durante la contienda electoral, ya se tienen casos cuando las mujeres ya ejercen un cargo y sufren de violencia política.  “Pero ahora con el caso también de Paloma Bravo, vemos que se extiende hasta el ejercicio del cargo, es decir, ya no se queda solamente en la contienda electoral, que es cuando es más ríspido el ambiente, sino que ya encontramos este tipo de violencias porque están llegando mas las mujeres, de hecho cuando ya se encuentran ejerciendo el cargo”. Ante esta situación, por parte del Tribunal existe la propuesta para establecer una causal para negarles el registro a los precandidatos que se encuentren acreditados de ejercer este tipo de violencia. “Eso puede servir como una contención importante para que sepan que si se encuentra acredita esta conducta, se les va a agregar al registro, y la otra que todavía es maás graves, es la nulidad de toda la elección, es lo que nosotros estamos proponiendo de parte del tribunal, por supuesto falta ver que dice el legislativo”. La agresión mas común tiene que ver con la desacreditación de sus capacidades, la inequidad de los recursos financieros, la propia cobertura de los medios, la manera en las preguntas en las que les hacen a las candidatas hasta amenazas u ofensas.