Frecuentemente escuchamos hablar de la importancia de la confianza para la estabilidad y crecimiento económico de un país. Sin embargo, también frecuentemente escuchamos (sobre todo en los últimos días), la descalificación de la importancia que puede tener la confianza (particularmente cuando esta se refiere a ciertos agentes económicos nacionales e internacionales), cuando se parte de la premisa de que se requiere hacer grandes trasformaciones o cambios a las instituciones existentes y que, por lo tanto, la opinión de agentes o grupos que se considera han sido en parte beneficiarios del estado de cosas anterior, no tiene relevancia. En el estudio “Crisis of Trust: Socio-economic determinants of Europeans’ confidence in government”, de Foster y Frieden de la Universidad de Harvard se sostiene que parte de la desconfianza institucional proviene de incapacidad de los gobiernos democráticos en enfrentar los problemas económicos, pero también (a mi juicio) de la incapacidad de evitar mostrarse como responsables de condiciones que son derivadas de cambios relevantes como los sociodemográficos y cuyas únicas soluciones viables, por impopulares, nadie quiere enfrentar. Existe evidencia de sobra en países de muy distinto tipo, que la confianza institucional es un prerrequisito del crecimiento económico. Hay quienes (creo que de manera equivocada), suponen que un requisito para la consolidación de crecimiento de un país es un régimen autoritario que permita “poner en orden las cosas”. Sin embargo, ese argumento no se comprueba. Por cada caso en que suponemos que un régimen autoritario propició las condiciones para el posterior crecimiento, encontraremos decenas de otros en que un régimen autoritario solamente propició falta de crecimiento, corrupción, concentración de riqueza y perdida de libertades, incluyendo las económicas. La confianza institucional se deriva fundamentalmente de la aplicación de un marco legal que de certeza a las personas; tanto en sus decisiones económicas y financieras como en el resto de los ámbitos de la vida humana. Por supuesto es fundamental hacer las adecuaciones a las leyes que así lo requieran, pero en la mayoría de los casos, más que nuevas leyes, se requiere simplemente la aplicación de las existentes. El marco legal y el estado de derecho evitan además caer en la idea de que las sociedades pueden operar bajo principios de buena fe y voluntad de manera exclusiva. Los códigos penales tipifican penas graves para la comisión de delitos como el homicidio, porque parten de la premisa de que dicha conducta sólo desincentivada si existe claridad en la amenaza creíble de un castigo. Cualquier norma que no presenta ni consistencia en su aplicación, que está sujeta la interpretación discrecional de alguna autoridad o que se aplica con distinción dependiendo de quién infrinja la norma, genera inestabilidad y desconfianza e impide el crecimiento de la sociedad. Los episodios de volatilidad reciente que hemos presenciado en los mercados cambiarios, de tasas de interés y bursátiles, son precisamente reflejo de temores asociados a que el marco normativo puede estar sujeto a interpretaciones y cambios derivados de la voluntad coyuntural de los gobernantes y a diagnósticos imprecisos o parciales. La certidumbre jurídica y el apego a normas establecidas (no sujetos a interpretación) y la creación de condiciones que posibiliten el desarrollo de la actividad económica de las personas es fundamental requisito para garantizar el crecimiento económico; siendo esa la principal función historia del estado y del gobierno.  La experiencia internacional también apunta a que sólo a partir de este principio y de la creación de mecanismos que posibiliten medidas de política pública que, de manera clara y sin clientelismos, se dirijan a apoyar a aquellos que menos tienen y a gravar de manera adecuada, pero no inhibitoria al crecimiento y la inversión, a quienes más tienen, es posible cambiar y combatir la desigualdad y, sobre todo, se evité que esté llegue a niveles no sólo socialmente inaceptables, sino económicamente inviables para garantizar el crecimiento futuro de un país. El autor es politólogo, mercadólogo, especialista en economía conductual, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, columnista en El Economista y Director General de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo. [email protected] – síguelo en Twitter @martinezsolares