La reforma laboral avalada por el Congreso el 11 de abril implica nuevas reglas para aspectos legales en materia laboral. Uno de los cambios que generan mayor revuelo entre los abogados que se dedican a asesorar empresas es el riesgo de que desaparezca el derecho a la no sindicalización. “Con el cambio de redacción en el artículo 358 desaparece el derecho a la no sindicalización”, señaló Jorge Sales Boyoli, coordinador de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade). En el pasado, el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo señalaba que “a nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar parte de él”. En el dictamen, aprobado la semana pasada, se establece una redacción distinta para el artículo 358:“Los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones, cuentan con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de éstas”. De acuerdo con la Anade, la redacción del dictamen deja fuera la posibilidad de que un trabajador opte no sólo por no pertenecer a un sindicato u otro dentro de una empresa, sino que no pertenezca a algún sindicato. Una trampa de control Los expertos de la Anade también consideran que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), un organismo autónomo que sustituirá a las juntas de conciliación y arbitraje puede representar una “trampa” que da al Poder Ejecutivo el control de los sindicatos. Para evitar que la autoridad encargada de aprobar la creación de nuevos sindicatos se ve influenciada por intereses políticos, la Anade propone que, como parte de la reforma laboral, también exista un consejo consultivo que represente a patrones y sindicatos. “La reforma concentra en un solo organismo, dependiente del Ejecutivo, el registro de sindicatos y contratos. Ahí existe un riesgo jurídico, pues una sola institución decidirá si subir o bajar ‘el switch sindical del país”, señaló Adrian Ojeda, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Anade. Ojeda explica que, como parte de los cambios, los emplazamientos a huelga y conflictos relacionados con titularidad de contratos colectivos no estarán sujetos a un proceso pre judicial antes de un litigio, lo cual, advierte, abre la puerta a extorsiones. --

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