Editorial EL UNIVERSAL/ Un mes del sismo: los pendientes Los tiempos del gobierno no son en definitiva los tiempos de los afectados por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Miles perdieron su vivienda en CDMX, Puebla, Morelos, Edomex, Chiapas y Oaxaca por el derrumbe de sus hogares o porque quedaron inhabitables. Se cumplió un mes y la reconstrucción aún está en fase de proyecto. La estimación del costo de los daños se modificó al alza. A finales de septiembre el gobierno la había cifrado en 37 mil 500 millones, pero esta semana la estimó en 48 mil millones de pesos. Aún no hay claridad en la forma en que se distribuirán los recursos, aunque organizaciones sociales plantearon la necesidad de generar una bolsa única generada por los fondos federales, así como las aportaciones nacionales e internacionales, que esté encabezada por grupos ciudadanos, con lo que estaría blindada a la intervención de los partidos. Los tiempos electorales están en marcha y hay temor fundado de que predomine la tentación de que haya desvío de la ayuda a los damnificados para fines de proselitismo. En la Ciudad de México, hay pendientes notorios y lentitud en los avances. De inicio falta una lista definitiva de damnificados. Esa carencia motivó que personas que no necesitaban la ayuda para renta que ofreció la autoridad recibieran el apoyo económico, cual saqueadores en un momento de desorganización oficial. En la capital la reconstrucción inició hace unos días en Cuajimalpa con modelos especiales de vivienda antisísmica. En la zona de mayor daño ese tipo de inmuebles no es viable, además de que hay casos que pueden ameritar sanciones penales a constructoras, sin embargo pasa el tiempo y los procesos judiciales marchan torpemente. Información que hoy publica EL UNIVERSAL da cuenta de que la falta de expedientes de los inmuebles que colapsaron a consecuencia del sismo del 19-S, y que deberían estar en poder de las delegaciones, ha retrasado los trabajos de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Una sospecha más de que en obras ejecutadas por algunas inmobiliarias prevalecieron irregularidades al amparo de funcionarios y posibles actos de corrupción. Las tragedias sacan a la luz malos manejos; sólo un castigo ejemplar contra responsables podría paliar en algo las pérdidas que enfrentan miles de familias. La velocidad de demolición, de reconstrucción, de atención a damnificados —e incluso de la normalización de las clases— parece no estar a la par de las demandas de los afectados. Si en algo se quiere revertir esa distancia entre autoridades y ciudadanía, esta es una buena oportunidad.

Frentes Políticos I. Olvidadizos. Los legisladores mexicanos tienen la piel muy dura. La senadora Martha Palafox pidió castigar a los responsables de las víctimas en la escuela Enrique Rébsamen, exigió cuentas a los gobiernos y una partida especial de recursos a los diputados. Sin embargo, a un mes del sismo se olvidaron las promesas. El pleno exigió un diagnóstico de los esfuerzos para reconstruir las miles de viviendas perdidas, pero nada se dijo sobre las iniciativas legislativas, como la del PAN, del proyecto de “Decreto de emergencia” para reconstruir México, o la de Alejandro Encinas, senador independiente, para canalizar fondos de partidos políticos a los damnificados. Es lamentable el alzheimer de la Cámara alta. ¿De plano, las neuronas pasmadas? ¿O simplemente no quieren comprometerse con la causa? Im-per-do-na-ble. II. De rebote. México es un país que se va conformando en el día a día. Las leyes promulgadas durante décadas no contemplan los nuevos escenarios. Con los abusos que prosiguieron a los actos de solidaridad por los sismos de septiembre, se evidenció el México tradicional. Por ejemplo, 38% de los 21 mil cheques otorgados por el gobierno capitalino a los afectados fue recibido por falsos damnificados. Cuatro de cada diez; es una vergüenza. Pero más lo es no estar preparados. Ayer, en el Senado se promovió dar prisión a quien “robe ayuda humanitaria”. “Hemos sido testigos de la peor cara de nuestra sociedad”, dijo la senadora Verónica Martínez. Y es cierto, pero legislar después del niño ahogado hace ver muy mal al sistema. Robar es robar, ¿hace falta ser tan específicos y legislar cada punto y coma? III. Cátedra. El auto de formal prisión contra Elba Esther Gordillo, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y manejo de recursos de procedencia ilícita, quedó sin efecto por orden de un juez. Y aunque esto no significa su inmediata libertad, sí es una muestra de que el poder de la exlíder del SNTE no es un mito. Deben esperar a que se dicte un nuevo auto una vez que la PGR muestre el supuesto cuerpo del delito. Lo anterior porque no se consideró debidamente fundamentado. Gordillo fue exonerada en mayo de 2017 de la acusación en su contra por presunta defraudación fiscal. ¿Qué pasará en la cabeza del juez, quien la ve inocente? ¿Alguien recuerda que sólo le investigaron dos de 89 cuentas que manejaba? Cátedra de impunidad. IV. Delicadito. Al gobernador Francisco Vega de Lamadrid no le gusta que critiquen la violencia creciente en Baja California. En vez de molestarse por las publicaciones, el mandatario panista debería hacer algo para revertir las cifras que tienen a su estado en la más profunda indefensión. ¿Cómo ocultar que autoridades estatales encontraron tan sólo ayer los cadáveres de ocho personas, en diversos puntos de la entidad, con huellas de violencia? A ese número habrá que sumarle que seis de los ocho ejecutados estaban secuestrados. Y a pesar de que la inseguridad crece, no han despedido a ningún jefe de policía o de seguridad pública, encargados de que esto no ocurra. Y ni qué decir de los altos jefes del gobierno estatal. V. Soluciones. En un buen lío están metidas las autoridades de seguridad en Oaxaca. Tras presentarse pruebas periodísticas en video del momento en el que policías estatales robaron un rancho la semana pasada, ayer dos hombres fueron ejecutados en la carretera federal 147, en jurisdicción del municipio de Loma Bonita, cerca del rancho La Engorda, lugar del presunto robo a manos de policías. Quedó confirmado el cese de 15 policías estatales involucrados en el robo al rancho. Investigar lo que sucede en la zona es responsabilidad de los colaboradores del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien, de no poner un alto, pagará muy cara la omisión. Que no digan que perdió el control del estado, porque no. ¿O sí?