Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade en 2001, cuando tenía 17 años, así como por la dilación en la investigación del crimen. La joven fue reportada como desaparecida el 14 de febrero de 2001, cuando sujetos la raptaron al salir de su trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua; siete días después su cuerpo apareció cerca de la maquiladora donde laboraba, con signos de tortura y violación. El caso se discutió hoy en una audiencia pública dentro del 168 periodo de sesiones de la CIDH, en Santo Domingo, República Dominicana, donde Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, reprochó la falta de justicia y presentó una carta que le escribió a su hija. "Tu expediente ha pasado por manos de funcionarios incompetentes: 9 fiscales, 7 ministerios púbicos, 4 gobernadores, 3 Presidentes de la República, y todos me prometieron lo mismo: que tu caso no quedaría impune. Querida hija, han paso 17 años: todos, todos me han mentido", leyó. Luego reprochó que el Estado sólo le ha ofrecido propuestas de solución amistosas, que contemplan becas para sus nietos, atención psicológica y médica, acceso a programas sociales, pero no plantean cómo obtener justicia. En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, le dijo lo mismo. "Ha escuchado las cosas una y otra vez, usted lo anticipaba, lo va a escuchar nuevamente, pero en esta ocasión esperamos que muy pronto, en los hechos, no en las palabras, vea usted una diferencia", dijo, a 17 años del feminicidio de Lilia Alejandra. Al dirigirse a los hijos de la víctima, Jade y Caleb, el funcionario recordó que cuando mataron a su madre ellos tenían menos de dos años y ahora están cercanos a la mayoría de edad. "Es muy doloroso y muy vergonzoso para el Estado mexicano, por lo mismo reconocemos nuestra responsabilidad internacional por el incumplimiento en el deber de prevención entorno a esta desaparición y privación de la vida de Lilia Alejandra", admitió Avante. "El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación y la insensibilidad que ha existido en las investigaciones y las deficiencias que en su momento obedecieron a una ausencia de estructuras especializadas, debidamente capacitadas, en la investigación de delitos relacionados con violencia por motivo de género". Sin embargo, reiteró la intención de iniciar un proceso de solución amistosa, para lo cual ofreció hacer uso de recursos de un fideicomiso de la Segob que contemplen una "reparación" por daño inmaterial y daño material, así como por daño al proyecto de vida. También ofreció atención preferencial en las Secretarías de Salud federal y estatal, así como becas educativas e impulsar un proyecto productivo familiar. "Ante estos dolorosos hechos, el Estado propone la celebración de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, cuyas características y difusión se pudieran acordar con las víctimas", agregó el funcionario de la Segob. Los representantes de las víctimas aceptaron ir a una reunión con las autoridades mexicanas, pero advirtieron que acudían con escepticismo, ya que, dijeron, durante 17 años han recibido sólo palabras vacías. -- Reforma