Desde mayo, la CNDH advirtió que en el penal de Cadereyta, Nuevo León, había un autogobierno de los internos. El martes se registró un motín, el segundo en siete meses en dicho reclusorio, con un saldo de 17 muertos. "El problema de las condiciones de autogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada, quienes por lo general controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por algunas autoridades", indica la CNDH en su recomendación 30/2017. En el documento, pide al Gobierno local acciones para remediar el problema. Aldo Fasci, vocero de Seguridad de la Administración estatal, dijo a Grupo Reforma que es urgente instalar un penal de alta seguridad en Nuevo León. Reconoció que la entidad no cuenta con la infraestructura penitenciaria necesaria para controlar el número de reos que alberga, pues sus instalaciones son obsoletas y están sobrepobladas. Tras el motín en Cadereyta, el funcionario recalcó que los tres penales del Estado están diseñados para atender reos de mediana y baja peligrosidad. "Ahorita hay puros reos de alta peligrosidad", dijo Fasci, "y los penales que tenemos son de baja y mediana peligrosidad, tienen escuelas, talleres, campos de futbol, beisbol, hasta cine y restaurantes". "El penal de alta seguridad no tiene todo esto, son como los de las películas, todos encerraditos, cerrada la reja, a comer y se regresan, y algunos hasta comen ahí, salen a tomar el sol y se regresan a bañarse. "Si no arreglamos la infraestructura, nunca vamos a arreglar el problema", reiteró en entrevista. El vocero señaló que el penal de Cadereyta actualmente tiene 2 mil reos, pese a que su capacidad es de hasta mil 200, por lo que está sobrepoblado hasta en un 67 por ciento. Además, detalló que de la totalidad de internos que alberga, al menos el 80 por ciento son considerados como peligrosos, quienes pertenecen a diferentes grupos de la delincuencia organizada. "Necesitamos nuevos penales, refundar todo el sistema penitenciario, no funciona, son mentiras que funciona el sistema penitenciario, lo diseñaron para un sistema penal que apenas estamos iniciando", expresó. "En Nuevo León, (el sistema de penales) aquí no funciona, está obsoleto, el (penal) más viejo tiene 80 años, el más nuevo tiene 30 años, hace 30 años ni de chiste íbamos a pensar que iban a suceder los crímenes que estábamos viviendo". El funcionario dijo que de los fallecidos en Cadereyta, 11 eran secuestradores o integrantes de la delincuencia, y cinco más eran procesados por delitos graves violentos. Negó que en la intervención policial exista alguna violación a los derechos humanos, pues insistió en que el uso de la fuerza letal estuvo justificado ante el riesgo que corrían los custodios secuestrados y otros internos. El vocero urgió a invertir en la construcción de nuevas áreas para albergar a los reos peligrosos, para lo cual el estado requiere de 2 mil millones de pesos. -- Reforma