México es el campeón mundial en consumo de agua embotellada. Detrás de esta tendencia existe un negocio multimillonario que corre por todo el territorio nacional, pero nuestro país no necesita este producto. El Artículo 115 de la Constitución Mexicana establece que todos los municipios del país están obligados a entregar agua potable, es decir, para beber y bañarse, además del drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Aun con esta legislación vigente, cada hogar mexicano compra 1,500 litros de agua embotellada al año, de acuerdo con un estudio realizado en 2016 por la firma Kantar WorldPanel. Académicos y múltiples organizaciones no gubernamentales coinciden en que los mexicanos no necesitan agua embotellada. Mientras en otros países este formato es un asunto de estilo de vida, una mercancía gourmet o un simple accesorio para ejercitarse, en México se ha convertido en un artículo de primera necesidad. ¿Cómo un servicio público se convirtió en un negocio de 66,500 millones de pesos (mdp) anuales? Un brote de cólera en la década de los 90 cambió todo. Una epidemia que terminó en negocio Cuando volvía de clases, Ricardo Aguilar abría la llave y bebía un vaso con el agua que salía, hasta que una tarde de 1991, un mensaje gubernamental en la radio hizo que su madre corriera hasta arrebatarle el recipiente y tirar su contenido. El 13 de junio de aquel año, la comunidad de San Miguel Totolmaloya, en el Estado de México, reportaba el primer episodio de lo que se convertiría en una epidemia de cólera, con casos en la mitad de nuestro país. Tras décadas con esta costumbre, la familia de Ricardo nunca volvería a tomar agua del grifo. El miedo a enfermarse severamente era elevado, aunque la tasa de mortalidad fue de 0.04% por cada 100 habitantes, con 34 defunciones durante 1991. Después de varios meses de mensajes con advertencias y campañas del gobierno para que los mexicanos hirvieran el agua y otras medidas preventivas, la marca Electropura (hoy Epura) comenzó a comercializar los primeros garrafones de vidrio con “agua purificada” en el barrio de Ricardo, ubicado en Ecatepec. “Han convertido el cuidado de la salud en un elemento de venta”, advierte Fernando González Villarreal, director del Programa de manejo, uso y reuso del agua (Pumagua) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El académico recuerda que realizó pruebas a las marcas que se vendían en los 90, y 50% no cumplía con los requerimientos de salud necesarios para su consumo.

Después de 1995, comenzaron a venderse garrafones de plástico. “Eran mal vistos porque, supuestamente, eran más sucios. Incluso algunos, por el uso, se veían amarillos”, recuerda Ricardo. “Se convirtió en la salida fácil. Se incrementaron las campañas de transnacionales, que invirtieron mucho dinero para vender las botellas en México y dar paso al debilitamiento de la infraestructura”, comenta Investigador y catedrático en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Raúl Pacheco-Vega, especializado en manejo de recursos naturales y estudios ambientales.

Hoy, las empresas Danone, Coca-Cola y Pepsico concentran 64% del mercado nacional que incluye agua gasificada, agua embotellada y de manantial, de acuerdo con datos hasta 2016 de la firma de investigación de mercados Euromonitor. Pacheco-Vega considera que la manera de debilitar al proveedor estatal, y favorecer a las empresas, ha sido a través de la transferencia de recursos de los estados a municipios, donde el dinero no llega y permite a los privados acaparar la demanda que debería aliviar los gobiernos municipales. “Ha sido una serie de acciones concertadas entre diferentes actores: el gobierno federal, mercadotecnia agresiva de transnacionales, desidia de gobierno y el cambio en los patrones de consumo. La culpa es de varios”, señala Pacheco-Vega.

Por ejemplo, Coca-Cola FEMSA (KOF) paga 2,600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, señala el Informe sobre violaciones a los derechos humanos agua y saneamiento 2017, elaborado por 101 organizaciones que incluyen a Fundar y Oxfam México. En 2007, según el documento, Coca-Cola obtuvo ganancias por 32,000 millones de pesos. “Esta falta de proporción de pago por derechos de explotación y utilidades revela como el sector político privilegia los intereses del sector económico por encima de los derechos fundamentales”. “Es un círculo vicioso con intereses que se oponen”, coincide el investigador de la máxima casa de estudios del país.

Forbes México consultó a las tres empresas para conocer su postura, pero hasta el cierre de esta edición ninguna atendió la solicitud. Y el agua es potable A pesar de los riesgos bacteriológicos que rondan al recurso natural, hasta 2015, 92.5% de la población mexicana tenía cobertura de agua potable, de acuerdo con el reporte Estadísticas del agua 2016 elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El presupuesto que la Comisión ha invertido en cuidar el agua es superior a 181,000 millones de pesos, 86% más que en el periodo del sexenio del panista Felipe Calderón, reveló el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el pasado 18 de julio de 2017. ¿Entonces, qué ha fallado? González Villareal explica que la vieja desconfianza y el temor histórico promueve la desinformación sobre el agua potable: “Los consumidores no tienen confianza en el agua potable que reciben.” En el caso de la Ciudad de México, el agua que reciben en el poniente y centro de la urbe es excelente, mientras que aquella que llega al oriente y sur de la capital es mala. Para el resto del país, si se tratara de un semáforo, tanto el investigador del CIDE como el de la UNAM consideran que el agua de México se evalúa con un color amarillo más cercano al verde. Si bien el agua que llega está limpia, los sistemas de almacenamiento y tuberías internas en los hogares son muy susceptibles a contaminación, además de que sus dueños descuidan la limpieza y mantenimiento de las cisternas y tinacos del país. Al margen de la necesidad por agua, se suma la variable de contaminación ambiental. Gonzalez recuerda que Ciudad Universitaria generaba una tonelada diaria de plástico por botellas: “Imagínate el resto de la ciudad”, agrega. Educación y difusión, los caminos No todo está perdido. En un país donde una familia desembolsa 150 pesos al mes por agua embotellada, el primer paso es por la vía institucional, donde se debe exigir a los gobierno estatales su responsabilidad como proveedor del servicio, coinciden Gónzalez y Pacheco-Vega. Se han alcanzado algunas metas. El investigador de la UNAM asegura que, en cualquier punto de Ciudad Universitaria, el agua potable está garantizada. Otro esfuerzo debe ocurrir en el sistema de financiamiento del sistema hídrico, pues la escasez de recursos y tarifas bajas contribuye a que no todos paguen. Debe ocurrir una reestructuración tarifaria de subsidios, pues un servicio de calidad no puede crearse si los contribuyentes no aportan lo necesario para obtener agua de calidad. González propone capacitaciones técnicas para reducir las pérdidas de agua por fugas, que existen en casi todos los sistemas del país. La UNAM incluso ha propuesto un Observatorio nacional de los servicios de agua potable y saneamiento para recopilar, generar y organizar, además de hacer pública, información sobre el desempeño de los sistemas de agua potable. “De este modo se puede contribuir al cumplimiento de los objetivos y compromisos asociados a la observancia del derecho humano al agua, así como a la universalidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento del país”, precisa la universidad en su propuesta.

-- FORBES