27 de Abril de 2020

Ahora sí que “no acaba de salir de una…y el gobierno de la 4T ya está metido en otra”. Nos referimos, en concreto, a la innecesaria confrontación que en el peor momento de la contingencia sanitaria y económica causada por la irrupción del coronavirus abrió la administración federal con el poderoso sector de la construcción, con miles de profesionales de la ingeniería (civil) y la arquitectura que, de manera implícita si se quiere, son señalados de corrupción y actuar en contra del interés popular en la edificación de vivienda. Luego de que, en el marco de su tradicional prédica mañanera del jueves, Andrés Manuel López Obrador enderezara un primer embate en contra de los “vivienderos”, efectivamente, tanto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que preside Eduardo Ramírez Leal, como la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, AC, de Alejandro Guevara Castellanos y su homóloga de arquitectos, que lidera Aldo Paul Ortega, salieron al paso del programa (informal) que presumiblemente apoyarán Infonavit y Fovissste vía créditos directos —“blandos y casi que a la palabra”, a decir de no pocos— para rechazarlo, dejar a salvo el profesionalismo del sector y, más, para advertir del grave riesgo que se corre al alentar la edificación de módulos al margen de toda consideración profesional y/o técnica.

Hablamos en concreto, a decir del gremio de los arquitectos, de que menospreciar de manera explícita la necesidad de dirección y coordinación técnica en la edificación de casas habitación podría redundar en “viviendas de mala calidad… en detrimento de su patrimonio y la calidad de vida de sus moradores; viviendas de alto riesgo estructural, de siniestros o fallas en sus instalaciones; en la selección de ubicaciones de alto riesgo, terrenos irregulares o sin servicios y, entre otras, viviendas que poco o nada contribuyan a mejorar la imagen urbana.

Ayer mismo, vía la inexistente secretaria de Economía, Graciela Márquez, acompañada por tu homólogo de la Sedatu, Román Meyer, y Zoé Robledo, del IMSS, confirmaron el inicio de la ampliación de programas orientados a detonar la industria de la construcción, aunque, a fuerza de ser sinceros, poco o nada aportaron a lo que desde ya se conoce sobre los mismos… cuando no sea en abonar a un diferendo cada vez mayor entre los empresarios y profesionales del sector y el gobierno de la 4T.

El asunto no es menor, por lo que menospreciarlo podría redundar en consecuencias indeseadas.

ASTERISCOS * Si bien el dato es de sorprender a propios y extraños, lo cierto es que San Luis Potosí, de Juan Manuel Carreras, aparece ahora, según un estudio de México SOS, como la entidad que un mayor monto de recursos a comprometido a programas sociales —entrega de despensas y desayunos escolares en casa, por ejemplo— y al sector económico-productivo: 22,506.9 millones de pesos…

* Finalmente, luego de mucho pensarlo a decir de su entorno cercano, la cuestionada Claudia Sheinbaum Pardo optó por imponer el uso obligatorio de cubrebocas en todo espacio público de la Ciudad de México, y no sólo en el transporte público, como se había definido en un primer momento. La medida, presumiblemente, entra en vigor hoy…

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política. -- EXCÉLSIOR De naturaleza política ENRIQUE ARANDA