Los funcionarios públicos implicados en las obras “fantasma” detectadas en el municipio de Ciudad del Maíz podrían hacerse acreedores a penas de entre 3 y 5 años de prisión, por delitos como peculado, ejercicio indebido de la función pública y asociación delictuosa, de acuerdo al Código Penal del Estado. GlobalMedia dio a conocer que cuatro diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido Verde Ecologista (PVME) gestionaron poco más de 13 millones de pesos para la ejecución de obras consistentes en diferentes caminos en el municipio de Ciudad del Maíz –aunque en un primer momento les liberaron 9.9 millones de pesos-, pero de acuerdo a peritajes realizados en los sitios en donde supuestamente se realizaron los trabajos solo se ejercieron 333 mil 825 pesos, es decir que existe un faltante de 9.6 millones de pesos. El analista jurídico Jorge Chessal Palau señaló que, con base en estos 9.6 millones de pesos que no se ejercieron, el juez dictaría una pena de prisión que va entre 3 y 5 años, dependiendo de los elementos que se hagan llegar a la investigación, con la posibilidad de que esta pena se amplíe si se logran configurar varios delitos a un mismo funcionario. Dijo que los directamente implicados en el asunto son el alcalde y los funcionarios municipales responsables del manejo de estos recursos por presunto peculado y asociación delictuosa, sin embargo, ello no descarta que también se investigue a los diputados para ver si hubo complicidad en el desvío de recursos o ejercicio indebido de la función pública. Uno de los diputados implicados en este asunto es el panista Mariano Niño Martínez, quien actualmente enfrenta cuatro denuncias penales por falsificación de documentos y desvío de recursos de gestoría institucional en el Congreso del Estado, luego de que algunos ciudadanos denunciaron que se utilizaron sus nombres en comprobantes de gastos que presentó el legislador, mismos que incluyen a un ciudadano que falleció meses atrás de que se notificara que se le entregó un apoyo. El experto señala que estos antecedentes podrían hacer que, a diferencia de los otros cuatro diputados, Mariano Niño tenga que seguir el proceso bajo prisión preventiva, debido a que el juez puede determinar que hay un mayor riesgo de que el legislador se extraiga de la acción de la justicia, debido al alto número de procesos que se siguen en su contra. El resto de los diputados podrían seguir el proceso en libertad, únicamente siguiendo medidas cautelares, como presentarse cada 15 días a firmar, dado que no son delitos de prisión preventiva oficiosa. ChessalPalau también explicó que el proceso de investigación de un asunto de este tipo podría durar un mínimo de 1 año, toda vez que el Ministerio Público requiere recabar diversas pruebas, como es información de la Secretaría de Finanzas, del Ayuntamiento y de instituciones bancarias, respecto del manejo de los recursos, una constancia fotográfica y una inspección de las obras, así como un peritaje respecto de lo que se ejecutó en cada una de ellas, entre otros elementos cuya obtención es tardada, pero que son indispensables para que un juez pueda emitir una sentencia condenatoria. Una vez emitida una sentencia, los implicados en el asunto podrían hacerse acreedores a una pena de prisión, sin embargo, dependiendo de la sentencia, también podrían acceder a la figura de sustitución de penas de prisión, como son las condenas condicionales, aunque ello ya depende de la decisión final del juzgador.