El rezago histórico que enfrentan los niños y adolescentes en México requiere del fortalecimiento de la intervención pública para generar nuevas condiciones y cambiar las tendencias para este grupo de población. Lo anterior fue aseverado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), de la Segob, durante la Reunión para la Implementación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) 2016-2018. El funcionario reconoció que la violencia, desigualdad y pobreza colocan a la niñez y a la adolescencia en situación de vulnerabilidad, aunado a fenómenos globales como la xenofobia y la discriminación. Bucio subrayó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha detonado una intervención pública que responde a dos principios básicos, el primero es el cambio de una cultura sectorial de la Administración pública, a una intersectorial. "(El segundo es) desmontar la percepción generalizada en las administraciones de todos los niveles de gobierno, de que niñas, niños y adolescentes viven en mejores condiciones que las personas adultas", apuntó. El titular del Sipinna afirmó que, a partir de la ley en la materia, el Gobierno federal está conformando una política nacional de derechos para la infancia a corto, mediano y largo plazo, a fin de generar un proyecto-País para ese grupo poblacional. -- Reforma