Este 1 de agosto se realizará la primera consulta popular, solicitada por el jefe del Ejecutivo, revisada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia, aprobada por el Congreso de la Unión y organizada por el INE, en la que 93 millones de ciudadanos podrán participar para opinar sobre una pregunta cuya redacción modificó la Corte. La pregunta es “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sí o No”. A este ejercicio se le conoce también como una consulta para conocer el sentir de los ciudadanos sobre si se enjuicia o no a los expresidentes. Según la Secretaría de Gobernación, la consulta popular es un “mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado”. Actualmente, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus Juntas Locales, está calculando el costo y el número de mesas receptoras de opiniones, que se instalarán en todo el país, a fin de que los ciudadanos y ciudadanas acudan a expresar su opinión sobre la pregunta antes mencionada. Cabe aclarar que el resultado de la Consulta será vinculante, es decir, el Estado tendrá que tomar acciones para obedecer el mandato popular, si al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal acude a participar. Esto significa que aproximadamente 37.5 millones de mexicanos tendrían que acudir a expresar su voluntad. En las próximas semanas se oficializará el número de mesas receptoras y sus costos, por parte del INE, aunque los consejeros han mencionado que podría tratarse de unas 50 a 59 mil mesas receptoras, y el costo podría estar por arriba de 8 mil pesos por mesa, por lo que el costo rebasaría los 500 millones de pesos. El INE había solicitado 1,500 millones de pesos para instalar 163 mil mesas receptoras en todo el país, pero la Cámara de Diputados no le otorgó los recursos, luego solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal de 890 millones de pesos para instalar 101 mil mesas de recepción, recursos que le fueron negados, y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó al INE una acción de inconstitucional, considerando “que no existe ni constitucional ni legalmente una obligación dirigida al Congreso de la Unión para que al emitir el Decreto que contiene la Convocatoria a la consulta popular, establezca o determine los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular”. EL AVANCE EN SU ORGANIZACIÓN

Hasta el momento, el INE ya aprobó el diseño de la papeleta y algunos detalles de logística que se seguirán en las mesas receptoras. Por ejemplo, en las mesas receptoras habrá un máximo de 2 mil papeletas para que puedan acudir ese mismo número de ciudadanos a emitir su opinión. En las elecciones federales o locales, el máximo de boletas en cada casilla es de 750. Estas papeletas serán tamaño media carta, no estarán impresas en papel seguridad, lo que abarata costos, y tendrá medidas sencillas de seguridad impresas para evitar su falsificación. Mientras en la casilla única electoral debe haber un presidente, un secretario y dos escrutadores, así como tres suplentes generales, en la mesa para la consulta popular sólo habrá un presidente, un secretario, un escrutador y dos suplentes generales. En las mesas de recepción no habrá representantes de partidos políticos. En adición, se seguirán las mismas medidas de higiene y seguridad que se aplicaron en las elecciones para evitar la propagación de covid-19. Para disminuir gastos en capacitación, el INE pedirá a quienes fueron funcionarios de casilla en los pasados comicios que participen también en la consulta popular, igual que a los observadores electorales. También se reutilizarán mamparas, urnas, crayones, tinta indeleble y otro tipo de material que pueda reciclarse, que se haya ocupado en las casillas el pasado 6 de junio. Otra medida fue que no se instalarán los consejos locales y distritales y no se contratarán supervisores electorales. Por último, ya se aprobó la campaña de difusión para explicar a los ciudadanos de qué se trata la consulta.  LA PREGUNTA

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? EL PROCESO

La votación se desarrollará como la realizada el pasado 6 de junio. En la casilla le darán una papeleta para marcar ahí su decisión. 59 mil mesas receptoras de votos serían instaladas en todo el país.

8 mil pesos aproximadamente sería el costo de cada casilla electoral.

2 mil papeletas habrá como máximo en cada una de las mesas receptoras de voto.

5 funcionarios de casilla integrarán cada una de las mesas receptoras de voto. No habrá representantes partidistas.

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Con información de Excélsior / AURORA ZEPEDA