La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la facultad de las Procuradurías para congelar cuentas bancarias y activos financieros de sospechosos durante la investigación de cualquier delito. El Pleno de la Corte declaró inconstitucional el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que desde 2014 faculta al Ministerio Público para "ordenar la suspensión, o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes". Los Ministros determinaron que la afectación a derechos humanos por esta medida es de tal magnitud, que los aseguramientos requieren orden previa de un Juez de Control. La Corte discutirá posteriormente los efectos de su sentencia, entre ellos, si da un plazo al Congreso para reformar el CNPP, y el alcance de los efectos retroactivos del fallo. El Ministro Eduardo Medina Mora, ex titular de la PGR, pidió aclarar en la sentencia que no se afectarán de manera retroactiva las actuaciones que, en años recientes, han realizado las Procuradurías con base en el 242, es decir, que no se dejen sin valor las pruebas que se obtuvieron para sustentar acusaciones porque "se pueden tirar los procesos". Para sumarse a la mayoría, el Ministro Jorge Pardo pidió que la Corte ordene al Congreso legislar y se cuide no generar "problemas muy serios en procesos que son muy publicitados, que están presentes en la opinión pública, de personas conocidas por los cargos que pudieron haber desempeñado". El Ministro Javier Láynez había propuesto a sus colegas dejar vigente el artículo 242, con una interpretación conforme para aclarar que se requiere orden judicial, pero solo apoyaron la idea los Ministros Pardo, Medina y Luis María Aguilar. La votación de 7 contra 4 hubiera llevado a dejar el artículo 242 tal cual, sin siquiera la interpretación conforme, por lo que Pardo aceptó sumarse a la mayoría para alcanzar ocho votos necesarios para invalidar. Previamente, Pardo había advertido que al invalidar el precepto, la Corte elimina el congelamiento de cuentas como técnica de investigación, no obstante que es fundamental para indagar algunos delitos. En los últimos meses, la Corte ya había declarado inconstitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para bloquear cuentas de sospechosos de lavar dinero, aunque en ese caso, las sentencias han sido dictadas en amparos, y por tanto sigue vigente el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La Primera Sala de la Corte también ha fallado contra la facultad de las Procuradurías para acceder a información bancaria y financiera sin orden judicial, pero en un solo amparo. El artículo 242 del CNPP, en contraste, quedará anulado y el Congreso tendrá que reemplazarlo. Un ejemplo del uso de esta facultad es el caso del empresario queretano Manuel Barreiro, investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesto lavado en la compra de una nave industrial al candidato presidencial Ricardo Anaya. La PGR ha congelado cuentas de al menos siete empresas, un despacho de abogados y siete personas físicas, incluido el propio Barreiro, como parte de la carpeta de investigación, que aún no ha sido presentada ante un Juez de Control. -- Reforma