TRÍPOLI.- La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) anunció que los grupos libios que combaten en los alrededores de Trípoli han acordado y firmado un acuerdo de alto el fuego este martes. Las milicias combatían desde hace díez días en diversas zonas cercanas a la capital. Con este alto al fuego también se permitirá la reapertura del aeropuerto de Maitiga, uno de los principales enlaces de la zona. En un escueto comunicado difundido a través de Twitter, la UNSMIL asegura que el acuerdo "garantiza el fin de todas las hostilidades, la protección de los civiles y la defensa de las propiedades civiles y públicas". Los combates entre milicias que suceden desde hace una semana en Trípoli, los peores desde el inicio en 2014, han causado la muerte de al menos 47 personas, 21 de ellas civiles, y heridas a 128, según la Organización Mundial de la Salud. Los enfrentamientos están protagonizados por la Séptima Brigada, originaria de Tarhuna, a unos 65 kilómetros al sureste de Trípoli, por un lado, y las Brigadas Revolucionarias de Trípoli y Nawasi, dos milicias aliadas del gobierno, por otro. El gobierno reconocido internacionalmente declaró el estado de emergencia en Trípoli y los alrededores. La oficina de derechos humanos de la ONU ha denunciado que todas las partes envueltas en el conflicto han “disparado indiscriminadamente y usado armas con efectos de amplio radio, incluidos misiles, proyectiles de tanque y artillería en zonas residenciales densamente pobladas”. "Pedimos a todas las partes que pongan fin a los ataques indiscriminados y adopten todas las precauciones posibles para no alcanzar a civiles y objetivos civiles", ha reclamado la portavoz de la oficina que dirige actualmente Michelle Bachelet. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha entregado medicamentos y ha desplegado a 10 equipos de traumatología. “Los controles de carretera siguen siendo un gran reto para ofrecer atención sanitaria, especialmente porque las ambulancias no pueden llegar a los heridos”, explica el doctor Syed Jaffar Hussain, el representante de la OMS en Libia. “Dado que se espera que haya más civiles heridos, por lo que es imperativo que los doctores y otros trabajadores de la salud puedan moverse libremente para salvar vidas sin demora, sin arriesgar su propia seguridad”.

La portavoz de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos aseguró que preocupan especialmente grupos vulnerables como los migrantes y desplazados internos. “Los cerca de 8 mil migrantes que han sido detenidos arbitrariamente están atrapados en centros de detención en zonas donde ha habido combates, sin acceso a comida o tratamiento médico”, decía Liz Throsell. Otros migrantes fueron liberados de los centros, pero después han sido capturados por grupos armados que les obligan a trabajar para ellos.

ACNUR ha entregado ayuda para más de 2400 refugiados y migrantes en los centros de detención de Triq Al Matar y Qaser Ben Ghasheer, pero tuvo que cancelar la distribución en Abu Salim, donde hay 450 personas, por la inseguridad. La agencia pide que todos los refugiados y migrantes sean trasladados a zonas más seguras. Sin embargo, el sábado, la guardia costera libia rescató a 276 personas en aguas del Mediterráneo y los desembarcó en Al Khums, a 120 kilómetros al este de Trípoli. Los migrantes y refugiados no son los únicos en peligro. Los combates han obligado a desplazarse a cientos de libios, mientras que otras muchas personas estarían atrapadas en zonas donde sigue habiendo enfrentamientos "sin electricidad, agua y alimentos". El 2 de septiembre, al menos dos desplazados Tawerghan murieron y cinco mujeres resultaron heridas cuando cayeron proyectiles en el campo de al-Fallah, donde se refugian más de 900 personas. En Janzour, al oeste de Trípoli, 27 familias libias se refugiaron en una escuela. Este lunes un equipo de ACNUR pudo visitarles y llevarán ayuda a las 150 personas que se refugian allí. Según la UNSMIL, varios trabajadores humanitarios fueron atacados cuando intentaban evacuar a los civiles atrapados en el área de Jilat al Firjan. Uno de los grupos armados también habría confiscado tres ambulancias. La oficina de derechos humanos reclama “acceso inmediato, sin impedimentos y seguro” para los trabajadores humanitarios.

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