La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó realizar nuevas revisiones sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El órgano fiscalizador notificó ayer la práctica de cuatro nuevas auditorías a las obras, como parte de la revisión de la Cuenta Pública de 2017, que estarán centradas en el aspecto ambiental del proyecto. Las auditorías serán practicadas al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), empresa responsable de las obras, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que toca a la autorización de impacto ambiental. También será revisada la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en materia de inspección y vigilancia. En noviembre de 2014, la Semarnat autorizó el NAIM, pero sujeto a veinte condicionantes, entre ellas planes y programas de mitigación y restauración, disposición de residuos peligrosos, uso sustentable del agua, compensación por pérdidas de habitat de aves y obligación de rendir informes semestrales. Una auditoría adicional, también al GACM, estará centrada en el cumplimiento de los lineamientos para el registro del Proyecto del NAIM ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El proyecto de inversión del NAIM fue registrado en la cartera de Hacienda en 2014, y preveía un costo de 113 mil millones de pesos, que será rebasado ampliamente, al igual que el plazo original de la obra, que se esperaba concluir en marzo de 2020. En septiembre de 2014, el GACM pidió a Hacienda 180 días hábiles adicionales para entregar las factibilidades técnicas, legales y ambientales del proyecto, pues aún estaban en etapa de elaboración, pero hasta la fecha varios de esos documentos siguen sin estar disponibles públicamente.

Sismo y paso express Las 18 nuevas auditorías anunciadas ayer por la ASF también incluyen siete enfocadas a la reacción de los gobiernos federal y estatales tras los sismos de septiembre pasado. De la Secretaría de Gobernación, se auditará la atención a la población afectada, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá rendir cuentas sobre el censo de los daños. En el tema de tarjetas de apoyo a damnificados, donde se han presentado irregularidades, habrá auditoría a Bansefi y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los Gobiernos de la Ciudad de México y Puebla tendrá que responder por el Fondo de Desastres Naturales y los apoyos parciales inmediatos para mitigar los daños, respectivamente, mientras que el de Morelos será revisado por la rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec. Una auditoría más, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será sobre el contrato de 81.2 millones de pesos que se adjudicó directamente a la empresa Freyssinet en agosto de 2017 para construir una "estructura intermedia" o viaducto para reparar el socavón en el Paso Exprés de la autopista México-Acapulco. -- Reforma