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Se modificó el artículo 94 para dar certidumbre a los particulares sobre la propiedad de sus bienes muebles e inmuebles; algunos diputados consideraron que la redacción aún se presta a interpretaciones
13:42 jueves 18 junio, 2020
San LuisPor mayoría de votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves reformas al artículo 94 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, para darle certidumbre a particulares sobre sus bienes para la prestación de la docencia y cerrar la posibilidad de que sean expropiados por el Estado. “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno del Estado y los municipios, así como por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, así como los servicios e instalaciones necesarias para proporcionar educación, mientras estén destinados a estas actividades, y para el solo efecto de la docencia, forman parte del Sistema Educativo Estatal, sin que ello implique la transmisión de dominio o posesión de los mismos en forma alguna, a favor del Estado”, suscribe el artículo. Aunque legisladores coincidieron en dejar clara la certeza jurídica para particulares que están invirtiendo en la educación, algunos manifestaron observaciones que la redacción pudiera prestarse a interpretaciones. La diputada Sonia Mendoza sugirió devolver el dictamen a la comisión de Educación toda vez que habría ambigüedad en la propiedad de las instalaciones privadas, toda vez que refiere la protección de los bienes “mientras estén destinados a estas actividades, y para el solo efecto de la docencia”, y cuestionó lo que pasaría si el bien mueble deja de ser utilizado para esos fines: “podría pasar a propiedad del estado”. Oscar Vera secundó tal consideración. En tanto, lamentó que esta Ley “pasó de noche” en el Congreso del Estado. “No nos fijamos que pudieran hacerse diversas interpretaciones al artículo. Lo que sobra no estorba, agregarle que los particulares no donan nada a favor del estado”. Cándido Ochoa defendió la redacción y precisó que los interesados e hipotéticamente afectados, estuvieron de acuerdo en ello. No obstante, abrió la posibilidad a impugnación en caso de sentirse afectados. Aun así, la votación logró 22 votos a favor y dos abstenciones de Sonia Mendoza y Edgardo Hernández.