Ciudad de México. La separación funcional de Teléfonos de México ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) propiciará el pago de mayores tarifas por parte de los usuarios o una caída en la calidad del servicio como estrategia de la empresa, para aliviar la congestión de la red si no puede costear los gastos de mantenimiento. El especialista Víctor Pavón, del Oxford Competición Económica, hizo este señalamiento, en coincidencia con analistas de Mediatelecom Polici & Law, y Mel Abogados. Los investigadores advirtieron que la disposición del IFT genera condiciones de incertidumbre laboral contra lo que dispone la ley, y destacaron que el regulador dispuso la separación "sin tener claro para qué". Durante un foro organizado por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el dirigente de este gremio, Francisco Hernández Juárez dijo que la separación funcional “fue una decisión política”, criticó la actuación del presidente del IFT, Gabriel Contreras, y aseguró que antes de que el regulador declara a Telmex como parte del agente económico preponderante, la autoridad le impidió en diversas ocasiones a la empresa adelgazar su estructura. Dijo que Telmex ya tenía una acuerdo para vender en aproximadamente 10 mil millones de dólares una serie de activos, que también trato de que le redujeran responsabilidad en cuanto a telefonía pública y rural, pero “no le dejaron realizar ninguna estrategia porque el plan era declararla preponderante”. En su turno, el presidente de la consultoría Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, señaló que las decisiones del IFT no han llevado a mejores condiciones de competencia pero no la competencia efectiva ni a la convergencia, de tal forma que en México hay 50 millones de marginados digitales que no tienen acceso a conectividad ni servicios de telecomunicaciones, “ni los tendrán”, porque en México no existe la “competencia convergente”. Criticó que esta situación se vaya a acentuar debido a que a excepción de tres comisionados del IFT, los demás tomaron decisiones sin información suficiente, “a puro valor”, y con base en “razones comerciales que no conocemos”. El especialista fustigó que los propios comisionados hayan ordenado la separación funcional de Telmex aunque algunos la hayan considerado “suicida”, porque sabían que el modelo aprobado no funcionará para México. “El regulador no sabe que modelado financiero pero resuelve, sabe que lleva a destino incierto a la empresa pero afirma que el resultado final es responsabilidad de ella. La resolución del IFT inhibe la inversión, no genera incentivos, destruye el modelo de negocio, no genera transparencia competitiva, pospone la competencia convergente, abandona a su suerte el cumplimiento del título de concesión, el servicio público ya los conectados de pareas rurales y conurbadas violando anticipadamente su derecho de acceso a l Internet . La regulación se construye no se supone; se prospecta, no se improvisa, la política regulatoria se dialoga”.

En su turno el ex comisionado del órgano regulador español, y consultor del despacho Mel Abogados, Angel García castillejos, señaló que a pesar de la incumbecia de Telefónica en el mercado, no se optó por la separación funcional porque se trata de una medida extrema que no tiene retorno, y no puede adoptarse “de forma frívola”. Destacó que sin duda la medida en México tendrá afectaciones en la vida de los trabajadores de Telmex, que en este momento se encuentra en la incertidumbre. -- VANGUARDIA