Por vulnerar sus derechos fundamentales, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, demandó al gobierno de Ecuador, anunció el viernes en un comunicado. Julian Assange lanzó un caso en el que acusa al gobierno de Ecuador de violar sus derechos fundamentales y sus libertades", afirmó el comunicado de WikiLeaks, precisando que el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador de su equipo jurídico, viajó a Ecuador para lanzar la demanda contra el gobierno. La acción tiene lugar casi siete meses después de que Ecuador amenazase con retirarle su protección y cortase su acceso al mundo exterior, negándose incluso a permitir que periodistas y organizaciones de derechos humanos pudiesen verlo", precisó. También "instalando tres inhibidores de señal en la embajada para impedir sus llamas telefónicas y su acceso a internet", agregó. A pesar de que está protegido por Ecuador, Assange fue incomunicado en la embajada en Londres en marzo por faltar a su "compromiso escrito de no publicar mensajes que constituyeran una injerencia en la relación con otros Estados", indicó entonces Quito. No es una situación cómoda, es una situación inhumana en todo caso porque se está prolongando en el tiempo la solución", había dicho Garzón el jueves a la prensa en la localidad ecuatoriana de Ambato. El exmagistrado español, que lidera la defensa del australiano, aseguró que la de Assange "es una situación humanitaria que debería de ser ya resuelta". Quito dio asilo a Assange en 2012, quien se refugió en la legación para evitar ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar acusaciones por supuestos delitos sexuales que no prosperaron. Empero, el australiano de 47 años teme ahora que si deja la embajada pueda ser detenido y extraditado a Estados Unidos por difundir miles de secretos oficiales de ese país a través de su página web. La justicia británica mantiene una orden de detención en su contra por haber violado las condiciones de su libertad condicional en el marco del caso sueco, al refugiarse en la embajada ecuatoriana. El gobierno ecuatoriano notificó en agosto a Assange la aplicación de un protocolo especial para regular las "condiciones mínimas de estadía del asilado", el cual establece que sólo "tendrá acceso a internet conectándose al servicio Wifi" de la legación. También fija reglas para visitas y hasta de salubridad, precisando que su incumplimiento puede derivar en la "terminación del asilo". Los abogados de Assange cuestionan la legalidad de dicho protocolo que, según el comunicado, hace "depender el asilo político de Assange de la censura de su libertad de opinión, expresión y asociación". Entre otras cuestiones, "exige que los periodistas, sus abogados y cualquiera que quiera ver a Julian Assange proporcione detalles privados y políticos como sus nombres de usuario en redes sociales, números de serie y códigos IMEI de sus teléfonos y tabletas". El protocolo afirma que la embajada puede confiscar la propiedad del señor Assange o sus visitantes y, sin orden judicial, entregarla a las autoridades de Reino Unido", asegura el comunicado.

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