Ante la aprobación del Senado de la República de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que pone límites al gasto y determina que los ahorros que se obtengan se destinarán a los programas del Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el Ejecutivo Federal. José Mario De la Garza, experto en temas jurídicos, opinó que la redacción del Artículo 61 causa polémica porque es una propuesta muy ambigua por la facultad que le da al presidente totalmente discrecional para definir a qué se van a destinar los recursos. Durante su participación para “Así las cosas”, mencionó que la redacción no especifica si habrá contrapesos para el procedimiento de cómo se manejarán los recursos con los que contará el Poder Ejecutivo, cuando recordó que el uso de los recursos públicos deben estar sujeto a esquemas de verificación para saber a qué se destinarán. En este sentido reconoció que si bien se está de acuerdo con el discurso de austeridad, éste dinero debe destinarse a rubros específicos y no dejarse abierto.  Respecto a los puntos en los que prohibirán que altos servidores públicos trabajen para la iniciativa privada en su ramo después de una década de concluir su encargo, el experto jurista considera que hay otros mecanismos legales como los convenios de confidencialidad en lugar de prohibirles que por una década no trabajen en la iniciativa privada. Ante ello, no descarta que estos artículos que los consideró como anticonstitucionales sean revisados y definidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Foto: Senado de la República