Durante el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales  del Congreso del Estado se procedió para la integración de un dictamen procedente para reformar la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y darle autonomía jurídica, de gestión y presupuestal a la Fiscalía Especializada en Hechos en Delitos de Corrupción. No se pudo votar un dictamen durante esta reunión, toda vez que se habría solicitado al Ejecutivo un impacto presupuestal para darle autonomía a la conocida Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado. El área correspondiente de la Secretaría de Finanzas respondió que no es posible emitir un impacto presupuestal, toda vez que no se especifica cómo estaría integrada esa Fiscalía Anticorrupción. Se precisó que el recurso ya estaba destinado para la Fiscalía General para este ejercicio fiscal 2020. Al respecto, la legisladora Isabel González precisó que la FGE tiene un presupuesto anual de 1 millón 049 mil 922 pesos de presupuesto, donde dijo que importa más la autonomía jurídica de la fiscalía que el recurso. “Que la Fiscalía (Anticorrupción) continúe hasta el término del año con el presupuesto que la Fiscalía (General del Estado) le tiene asignado. ¿Cuál es el presupuesto? No le tiene asignado precisamente un presupuesto porque la FGE absorbe toda esa cantidad presupuestada y le da a sus fiscalías lo que quiere. Es decir, si le sobra un perito se lo manda, si le sobra agentes de la policía ministerial investigadora, se los manda”. Aprobaron pues, que se genere un dictamen procedente para dar autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, con un transitorio de que continuara con el presupuesto otorgado por la FGE y hasta el 2021 pudiera entonces gestionar su propio recurso público.