Los Gobernadores y diputados de 20 entidades apuraron reformas y nombramientos previo a la llegada de la ola Morena a los Congresos locales. Las acciones impulsadas por PRI, PAN y PRD incluyen reformas constitucionales, aprobación de cuentas públicas, autorización de endeudamientos, más facultades a los Gobernadores, designación de auditores y fiscales "carnales", y hasta aval a pensiones para familiares de funcionarios. En Baja California, por ejemplo, reformaron el reglamento interior para que a partir de la nueva Legislatura sean las dos terceras partes del pleno del Congreso, y no la Junta de Gobierno, las que establezcan la planeación legislativa.  En Puebla, donde la elección fue impugnada por Morena, los legisladores modificaron la Constitución para que, en caso de que la Gobernadora electa Martha Erika Alonso no pueda rendir protesta ante el Congreso, lo haga de inmediato ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia. En Morelos, reformaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General para que el Fiscal Anticorrupción ya no sea designado por el Congreso. En el Estado de México, los diputados aprobaron la reestructuración de la deuda estatal hasta por 43 mil millones de pesos, mientras que en Sinaloa y Tlaxcala autorizaron la adquisición de deuda pública a los Alcaldes priistas de las capitales de ambos estados.

Los fiscales y auditores 'carnales' Los Congresos locales incumplieron durante más de un año con la designación de funcionarios para echar a andar los Sistemas Estatales Anticorrupción, pero a unos días de perder sus mayorías frente a la ola de Morena apresuraron los nombramientos. Los Congresos tenían como fecha límite el 18 de julio de 2017, pero fue hasta agosto pasado, después de conocer los resultados electorales, cuando eligieron fiscales y consejeros. De acuerdo con una revisión de REFORMA, los últimos días de cierre de las Legislaturas locales, en cuatro entidades se designó al Fiscal Anticorrupción y en tres hubo nombramientos en el Comité Anticorrupción. Además, en nueve estados fueron elegidos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, en los cuales se dirimen controversias de la Administración Pública estatal con particulares, por ejemplo, irregularidades en licitaciones o adjudicaciones directas de contratos. En otras seis entidades, donde Morena también será la primera fuerza legislativa, se realizaron cambios a las reglas internas del Congreso para acotar su poder. También definieron a nuevos auditores y a consejeros de acceso a la información. En Tlaxcala, los diputados avalaron a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción y a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para un periodo de 6 años. En Guerrero, designaron al Fiscal Anticorrupción, a un magistrado de Justicia Administrativa, a los cinco miembros de la Comisión de Selección del Comité Anticorrupción y a tres del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia. Además, la mayoría priista delegó al Auditor Superior del Estado --cargo actualmente ocupado por Alfonso Damián Peralta, ex subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación estatal-- la facultad del Congreso de nombrar a los auditores especiales. En Chihuahua, los diputados designaron a Héctor Acosta Félix como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, quien asumirá funciones hasta el 1 de diciembre por un lapso de 7 años. Los legisladores chihuahuenses ya tienen lista la terna para elegir al titular de la Fiscalía Anticorrupción. En Morelos, los diputados también cedieron su facultad y el Fiscal General Uriel Carmona ratificó a Juan Salazar Núñez, ex Consejero Jurídico del Gobernador Graco Ramírez, para ocupar 7 años más la Fiscalía Anticorrupción. Los legisladores morelenses también están por seleccionar a dos de los cinco integrantes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. En Michoacán, los diputados nombraron a María del Carmen Ponce como titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En Campeche, los diputados eligieron a Jorge Alejandro Arcila al frente de la Auditoría Superior del Estado por un periodo de 7 años. En Sinaloa fueron más allá y aprobaron el proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 del Poder Legislativo, que asciende a 511 millones 837 mil 251 pesos, para la operatividad del Congreso y el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado. En Veracruz, los diputados nombraron como Fiscal Anticorrupción para los próximos 5 años a Marcos Torres Zamudio, cercano al Fiscal General Jorge Winckler. También designaron a Arturo Mariscal Rodríguez como comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información por 7 años. En Oaxaca, los diputados abrieron la convocatoria para elegir a un comisionado y a tres miembros del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública. -- Reforma