San Luis Potosí, México (14 febrero 2018).- El nombramiento de Héctor Mayorga Delgado como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior del Estado (ASE) responde a que el diputado Héctor Mendizábal Pérez y un grupo de legisladores buscan seguir teniendo “sus negocios” al interior de la ASE y la actual titular de este órgano, Rocío Cervantes Salgado, no los ha dejado, acusó José Luis Romero Calzada, diputado local con licencia, en entrevista para WFM 100.1. Dijo que tras el nombramiento de Cervantes Salgado al interior de la ASE, un grupo de legisladores fueron a solicitarle plazas para sus recomendados e incluso se le pidió limpiar cuentas públicas de algunos ayuntamientos, sin embargo la nueva Auditora Superior no accedió a dichas posiciones y es por ello que se decidió, desde el Congreso del Estado, crear una Unidad de Evaluación y Control, que supervisará el trabajo de la ASE y con la cual también se busca seguir teniendo “negocios” al interior de la Auditoría. Señaló que el hecho de que se esté buscando aplazar la aprobación de las cuentas públicas 2016 hasta después de las elecciones, responde también a que se está buscando proteger a gobiernos municipales que tienen cuantiosas observaciones, como es el de Rioverde, al cual se le observaron más de 80 millones de pesos y cabe señalar que este ayuntamiento está encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), al cual también pertenece Mendizábal Pérez. Comentó que, pese a que solicitó licencia, buscará cabildear al interior del Congreso y hablará con su suplente, con el fin de que se detenga esta decisión y las cuentas públicas 2016 se voten antes de las elecciones y buscará también tumbar el nombramiento de Héctor Mayorga Delgado como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la ASE, dado que es un personaje “que no hizo un trabajo ejemplar”, cuando estuvo como titular de la ASE. Consideró que el nombramiento de Mayorga es “una burla a todos los potosinos”, dado que además de tratarse de un personaje cuestionado, también se tiene que dicha Unidad costará 150 mil pesos mensuales a los potosinos, es decir 1.8 millones de pesos al año.