El actual Gobierno federal sigue ofreciendo puestos vacantes que, con la llegada de Morena al poder, podrían desaparecer. En otros casos, en las plazas disponibles se pagarían salarios mucho menores que los actuales o los puestos se trasladarían a otras ciudades. Luego del 2 de julio, el Gobierno ha publicado concursos del Servicio Profesional de Carrera para ocupar 791 plazas de confianza. Los puestos van desde personal de enlace hasta director general, con salarios que oscilan entre los 9 mil pesos a 156 mil pesos mensuales antes de impuestos. Están incluidas al menos 32 direcciones generales y generales adjuntas, puestos operativos altamente especializados donde se toman muchas de las decisiones cotidianas más importantes. Esas plazas serían las más vulnerables, ante el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que su salario será de 108 mil pesos mensuales y, según la Constitución ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República. También se convocó a concurso para al menos 107 direcciones de área, que pagan de 53 mil a 81 mil pesos. Las convocatorias a concursos fijan salarios y, salvo algunos casos, a la Ciudad de México como lugar de residencia. López Obrador ha advertido que recortará 70 por ciento del personal de confianza y pretende sacar 31 dependencias de la capital. Entre el 2 y 24 de julio, las dependencias federales o Gobiernos locales --usando recursos federales-- anunciaron al menos 3 mil 325 licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas para compras, servicios y obras públicas. Entre ellos figura uno por 36 meses para arrendar equipos de cómputo del Archivo General de la Nación o uno por igual periodo para el Centro de Atención Telefónica del Infonacot. Desde enero han entrado en vigor 104 mil 896 contratos financiados con recursos federales, de los que al menos 60 son plurianuales y se prolongarán incluso hasta finales del siguiente sexenio. Muchas convocatorias posteriores a la elección son de rutina: mantenimientos preventivos, insumos, contratos para vigilancia o limpieza, pero otras están relacionadas con los inmuebles que ocupan las dependencias que López Obrador pretende mudar a diversas ciudades del País. La Secretaría de Educación Pública (SEP) necesita un sistema mecánico de archivo móvil de alta densidad para las nuevas oficinas que renta en lo que fue el centro Bancomer, en Avenida Universidad, donde este año pagará renta por unos 370 millones de pesos al fideicomiso Fibra Uno. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) requiere mover plantas de emergencia y subestaciones de su viejo edificio en el Eje Central Lázaro Cárdenas, desahuciado por el sismo del 19 de septiembre, a otro ubicado en Calzada de las Bombas, en Coyoacán. La Secretaría de la Función Pública (SFP) va a comprar dos mil 625 metros cuadrados de persianas enrrollables en malla solar para su sede en Insurgentes Sur. En la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), en tanto, ha estado en revisión en el mismo periodo un total de 156 proyectos de normas oficiales, acuerdos, reglamentos, políticas, lineamientos y manuales de organización, muchos con efectos por tiempo indefinido. El Gobierno sigue procesando nuevas normas administrativas de todos los rangos, desde avisos y circulares, hasta decretos reglamentarios que requieren firma del Presidente. La normateca del Gobierno federal incluye 13 mil 899 normas internas de las dependencias y 514 normas transversales, que se renuevan constantemente y serán el marco inicial de la nueva Administración. Luego del 2 de julio, la Cofemer mantiene revisiones para el Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que reemplaza al de 2014, y el de la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; mientras que Relaciones Exteriores tramita un nuevo Reglamento de Registro Consular y Expedición de Matrícula. Las Secretarías de Hacienda y Salud, y la Coordinación del Servicio Profesional Docente, tienen listos nuevos manuales de organización. También la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expedirá el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte, que culmina un proceso de nueve años en el que participaron 10 dependencias. -- REFORMA