La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado propondrá este martes una reforma legal para poner fin a contratos como los que han derivado en desvíos de recursos en Sedesol y Sedatu, bajo la gestión de Rosario Robles. Se trata de una modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos que pretende obligar a los titulares de las dependencias a firmar personalmente todos los contratos con otras entidades públicas. De esa manera, los funcionarios de más alto rango se convertirán en los responsables directos del cumplimiento o incumplimiento de esos contratos. En la actualidad, la ley establece que las dependencias pueden celebrar contratos con otras entidades públicas que pueden, a su vez, subcontratar el servicio cuando no tengan capacidad para hacerlo. El planteamiento de Morena es responsabilizar directamente al titular de la Secretaría sobre esa decisión. "En este último caso, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo", se señala. La iniciativa fue registrada en la Gaceta Parlamentaria con la firma del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y de la senadora Marybel Villegas Canché. En la exposición de motivos, los legisladores aseguran que es insultante que los actos de corrupción se realicen bajo el supuesto amparo de la ley y mediante la simulación de actos jurídicos. "Las contrataciones no satisfacen los requerimientos legales y ocultan el desvío de recursos hacia fines particulares, como hemos visto lamentablemente en los últimos años", refieren. Los legisladores explican que prácticas como la adjudicación directa generan sobreprecios o permiten que los servicios no sean prestados, aún cuando han sido pagados. "Eso se ha convertido en una clara fuente de corrupción. Este tipo de ejemplos lamentables ponen en evidencia la urgente necesidad de reformar la legislación en materia de adquisiciones", agregan. "Se deben incorporar disposiciones que inhiban la realización de contratos en los que los servicios no se prestan, y los recursos públicos terminan por desviarse y enriquecer de manera ilegal los patrimonios de funcionarios impresentables, en claros hechos de corrupción". -- Reforma