El día de las elecciones está cerca y las campañas se encaminan al cierre en un ambiente de abierta hostilidad. La discordia se adueñó de las estrategias partidistas y de sus candidatos; los ha llevado a una riña que avista un enfrentamiento postelectoral. La natural discrepancia política e ideológica, ha sido suplantada por la idea de que es más redituable escudriñar el lado oscuro de los candidatos. La temperatura electoral se ha ido calentando y está al punto del hervor. Los tapancos del mitin se han convertido en tribunales donde se enjuicia al adversario para luego sentenciarlo. En ese propósito, los medios de comunicación formales y las redes sociales, son una extensión de ese escenario en el que se juzga lapidariamente al candidato o candidata en turno. Los feudos de los candidatos a la gubernatura se han convertido en trincheras, donde la repulsa al adversario ha crecido alimentada por una animadversión que en su momento, hace imposible la reconciliación. Hace 30 años, San Luis Potosí vivió momentos de convulsión; la sociedad se dividió como resultado del desencuentro electoral y político, llegaron los disturbios y se alcanzó la violencia. La elección de gobernador en 1991 inauguró una etapa de conflictos postelectorales en la entidad. Era común la toma de presidencias municipales, el bloqueo de carreteras y los plantones en plazas públicas. El pleito se hizo permanente, consecuencia de ello, fue el estancamiento social y económico de la entidad. En cierto modo, el proceso electoral 2020-2021 ha tomado ese mismo derrotero que conduce al enfrentamiento, a la ruptura. Como hace tres décadas, se denuncian atisbos del presunto fraude, se habla de nuevo de elecciones de Estado, de compra de votos, de presuntas agresiones a candidatos y equipos de campaña, de autoridades electorales facciosas, de acarreados, del desvío de recursos públicos a campañas y de la intromisión de servidores públicos. Ese caudal de vicios antidemocráticos ha crecido: la entrega de tarjetas con las que se ofrecen apoyos de gobierno, dinero en metálico o el financiamiento de dudosa procedencia a campañas. El proceder ilegal no es novedad, los tramposos perfeccionan su actuar y amplían su catálogo de mañas. A dos semanas de las elecciones, aun se puede esperar lo peor. Hasta el cierre de las campañas solo habrá cabida para más estulticia. En esa dinámica, el sentimiento de desprecio al adversario que se ha venido consolidando entre militantes y simpatizantes de los partidos, es lo que más preocupa porque puede conducir al punto de no retorno. Eso es terrible, pero desafortunadamente el desencuentro parece estarse imponiendo, no solo en San Luis Potosí sino en toda la nación. Recientemente, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, opinó que es posible la anulación del proceso electoral. Luego, Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, anticipó que las elecciones del 6 de junio se van a judicializar. A esas percepciones sobre el proceso en el país, en el caso de San Luis Potosí hay que añadir la abierta pugna entre partidos, que los ha llevado a la continua descalificación con propósitos desestabilizadores. César Octavio Pedroza Gaitán, Mónica Liliana Rangel Martínez y José Ricardo Gallardo Cardona proclaman una y otra vez que ya ganaron. Ninguno está dispuesto a reconocer la posibilidad, ni mucho menos admitir que están preparados para perder. Los ánimos están tan elevados que es muy difícil esperar que alguno de los tres, por la noche del 6 de junio, admita que los resultados no le son favorables. La elección será tan cerrada que será lógica su judicialización y con ello, el terreno postelectoral estará minado; en cualquier momento surgirá el enfrentamiento en la vía pública. De eso a la violencia hay solo un paso. Ésta es una visión pesimista, cierto es, pero resulta de valorar lo que ha venido ocurriendo durante las campañas.