A más de dos años de las denuncias presentadas por el Frente Ciudadano Anticorrupción, Ciudadanos Observando y Ganemos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyó el pasado 18 de noviembre la auditoría a las transacciones con proveedores por parte del Congreso del Estado en el periodo del 14 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, "en la que confirma las irregularidades que estas organizaciones denunciamos y, a pesar de haber revisado sólo una muestra del 84.9 por ciento, detectó desvíos por 11 millones 358 mil 436.77 pesos, la participación de 16 de los 27 diputados en la simulación de entrega de ayudas sociales, las operaciones con empresas fantasma y la cancelación de facturas" informaron representantes de estas organizaciones ciudadanas El Informe Individual de la Auditoría número: AEFPO-D01-PL/2019 reporta la revisión de una muestra de 19 millones 236 mil 979.01 pesos de la aplicación de los recursos para apoyo legislativo, de la que se derivaron siete pliegos de observaciones sobre irregularidades con los siguientes conceptos y montos: Pago a proveedores no localizados en 2017 $3,291,716.33

Apoyos reportados como no recibidos por los beneficiarios $3,040,141.61

Operaciones con Sistema de Comercialización Nava S.A. de C.V. (reportada por el SAT en la relación de Emisores Fiscales sobre Operaciones Simuladas - EFOS) $2,145,034.74

Proveedores no localizados $1,837,695.09

Comprobantes cancelados de la proveedora Adriana Angélica Peredo Gómez $976,306.00

Operaciones con Sistema Comercial 377, S.A. de C.V. (reportada por el SAT en la relación de Emisores Fiscales sobre Operaciones Simuladas - EFOS) $54,143.00

Pago duplicado a Consultoría de Excelencia Empresarial $13,400.00 Los ex diputados involucrados en los apoyos reportados como no recibidos por los beneficiarios son José Luis Romero Calzada, Oscar Bautista Villegas, Dulcelina Sánchez de Lira, Mariano Niño Martínez, Sergio Desfassiux Cabello, Martha Orta Rodríguez, Esther Angélica Martínez, Graciela Gaitán Díaz, Josefina Salazar Báez, Gerardo Serrano Gaviño, Jorge Díaz Salinas, José Guadalupe Torres Sánchez, Xitlalic Sánchez Servin, Enrique Flores Flores, Ricardo García Melo, Rebeca Terán Guevara.

"Una lista que exhibe que la corrupción no distingue género ni partido político" expusieron "Ante la información a la que hasta ahora tenemos acceso, queremos hacer las siguientes consideraciones: UNO. Lamentamos la lentitud con que opera la ASE en tanto que la impunidad que con eso genera provoca que varios de esos personajes involucrados hoy ocupen otros cargos públicos e, incluso, mantengan aspiraciones a puestos de elección popular para 2021, cuando por las faltas cometidas hace más de tres años debieron ser sancionados y posiblemente inhabilitados. Se trata de un claro ejemplo de que los retrasos en el trabajo de la ASE anulan uno de los objetivos de la rendición de cuentas: evitar que personajes que abusan de la función pública ocupen nuevos cargos públicos para no dejar de medrar del erario. DOS. La auditoría se practicó a un fondo específico, obligados por una denuncia ciudadana. El resultado exhibe que el trabajo de auditorías anuales en la revisión de las Cuentas Públicas que realiza la ASE omite indagaciones necesarias que, de llevarse a cabo, arrojarían resultados muy distintos a los que actualmente reporta y sobre los que existe una tradicional sospecha de lavado de cuentas públicas. Más aún, se realizó sobre una muestra en la que se detectó que el 50.11 por ciento de los recursos hubo irregularidades. Tan poco confiable manejo de los recursos necesariamente debe motivar a una revisión a fondo sobre la aplicación correcta del resto presupuesto ejercido. En consecuencia, exigimos al Congreso del Estado, a la Comisión de Vigilancia y a la propia ASE que (1) procedan de manera expedita conforme a lo que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y se les inhabilite para evitar que la impunidad de la que gozan sus antecesores se prolongue, en el entendido de que de no hacerlo se volverán cómplices de las corruptelas ya confirmadas por el órgano fiscalizador, y (2) adopten las medidas necesarias para dotar de mayor efectividad a la revisión de las cuentas públicas, de tal manera que recuperen la confianza de la ciudadanía en el trabajo de fiscalización y éste no tenga que depender de una labor reactiva ante las denuncias ciudadanas. En la medida en que esto se logre, alentará una mayor colaboración ciudadana y, lo más importante, el control que la fiscalización debe ejercer para lograr el mejor manejo de los fondos públicos se acercará más a su razón de ser", agregaron.