Un Magistrado federal de Reynosa, Tamaulipas, suspendió hoy por tiempo indefinido el cumplimiento de cuatro amparos que ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nueva cuenta la desaparición de 43 normalistas en Iguala. Lo anterior, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alegaron que existe imposibilidad jurídica para cumplir dichas sentencias, dictadas el mes pasado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. El plazo de 10 días para integrar la Comisión de la Verdad venció el 1 de julio, pero el Magistrado Sabino Pérez García, a quien toca supervisar el cumplimiento de los amparos, notificó hoy que se suspende el trámite de ejecución. "Tomando en cuenta que tanto la PGR como la CNDH arguyeron imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector en lo que les atañe (integrar la comisión de investigación), una al promover el incidente respectivo y la otra al desahogar la vista concedida con motivo de este incidente, es por ello que para las mencionadas autoridades, así como para el Presidente de la República y la Cámara de Diputados, se suspende el tramite de ejecución de cumplimiento de la sentencia de amparo", acordó Pérez. "Lo anterior, hasta en tanto se resuelva el incidente de imposibilidad de cumplimiento, resuelto lo cual se procederá como en derecho corresponda", agregó el Magistrado, titular del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas. El trámite del incidente de imposibilidad, que la PGR presentó el 20 de junio, podría tomar algunas semanas, pues se tiene que dar vista a los abogados de las víctimas, desahogar pruebas y recibir alegatos antes de dictar sentencia, y lo que resuelva Pérez García será impugnable mediante recurso de inconformidad. Los amparos, que el tribunal colegiado concedió a cuatro integrantes de Guerreros Unidos confesos de asesinar e incinerar a los normalistas, ordenan que la Comisión de la Verdad seguirá líneas de investigación determinadas por representantes de las víctimas y la CNDH, con el Ministerio Público solo como auxiliar. La Conferencia Nacional de Procuradores acusó que estas sentencias violan el Artículo 102 de la Constitución, que faculta exclusivamente al MP para investigar los delitos, y son un ejercicio excesivo de atribuciones por parte del tribunal colegiado. Los argumentos de la CNDH para alegar imposibilidad jurídica de cumplimiento no se conocen públicamente, pero la Carta Magna tampoco le da atribución para dirigir investigaciones de naturaleza penal. Lo que la CNDH puede hacer es investigar "violaciones graves a derechos humanos", facultad que hasta 2011 tenía la Suprema Corte de Justicia, pero no para fines de fincar responsabilidades penales. El 22 de junio pasado, el Ombudsman Luis Raúl González Pérez dijo que la CNDH colaboraría en el caso, pero "sin rebasar" su ámbito de competencia Constitucional. -- Reforma