La figura de la consulta popular es una antigua demanda de la izquierda más químicamente pura que ingresó a la legalidad en la Reforma de 2014 en el sexenio anterior. Aunque en su diseño final contiene múltiples acotaciones y candados que la hacen de difícil realización, hoy nos encontramos de frente a dos iniciativas de Consulta que la Suprema Corte -que construye otra de las acotaciones- deberá validar como constitucionales y autorizar las preguntas que las integran: Una prometida desde hace buen tiempo por el Presidente López Obrador y que tiene que ver con la legitimación -más allá de la legalidad- de enjuiciar a los Expresidentes y otra que se sacaron de la manga partidos opositores encabezados por el PAN con evidente afán de contrarrestar a la primera, la que lleva una pregunta perversa sobre si la gente está de acuerdo con que le den dinero extra por la pandemia y crisis. Respecto a la de aplicar justicia para los expresidentes, ha sido criticada por múltiples analistas y medios casi como una gran campaña argumentando que no debe consultarse lo que ya está en la Ley. Al respecto yo le preguntaría y a ellos ¿Por cuáles razones entonces, durante tantos años no se les ofendió ni con el pétalo de una rosa? Supuestamente había o hay suficiencia normativa para juzgarlos, pero ningún fiscal inició contra alguno de ellos averiguación alguna. También se dice que hay delitos que en todo caso ya prescribieron en su posible acción, para el caso de algunos de los expresidentes. Quienes así hablan son los positivistas a ultranza, esto es quienes se apegan a la letra de la ley y olvidan que el derecho es dinámico, que México ha suscrito tratados y convenciones que tutelan derechos humanos y políticos colectivos y que, si permaneciéramos inmersos en la cuadratura de leyes inamovibles, éstas no hubieran cambiado nunca y estaríamos en el atraso y peor aún, viviendo fuera de la realidad. Imagine si la familia y simpatizantes de ese gran luchador social que fue Rosendo Radilla Pacheco, a su vez seguidor de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, hubieran permanecido apegados a una Ley que no castigaba la desaparición forzada; que no la consideraba un delito pese a que en el ámbito internacional esto era ya un hecho; imagine también que hubieran estado solamente al principio de no retroactividad y que por ello nunca se hubiera reformado la Constitución en materia de Derechos Humanos; nunca se hubiese aplicado una sanción al Estado Mexicano que resarciera a las victimas familiares y que en lo colectivo sentara las bases de una memoria histórica en la que consta la responsabilidad e impunidad en que por muchos años se encontraron las autoridades mexicanas al no perseguir estos delitos. De por sí, tal como ahora estamos falta tanto por hacer, resarcir y zurcir en el tejido social de un país que hasta hace poco comenzó de nuevo a confiar y a esperar justicia.  En ese contexto ¿No cree que es de elemental justicia darle participación y voz al pueblo respecto de la impartición de justicia? Sin duda esta consulta resulta tan incuestionable que tuvieron los adversarios políticos que no lograron descalificarla, buscar algún contraveneno para proteger a sus expresidentes y disminuir la exhibición que presumen puede acarrearles la sola reflexión y participación de la gente en un cuestionamiento que de suyo les resulta incómodo y hasta bochornoso. Así están proponiendo, más no por la vía de firmas ciudadanas que prevé la Ley Federal de Consulta Popular, sino por la vía “representativa” con el voto de diputados, una consulta para ver sí la gente quiere un dinero extra, en relación con los desempleos y disminución de sueldos -supongo que también incluyen esto- con la clara intención de un resultado imperdible, pues quien podría estar en contra de un apoyo de esa naturaleza. Sin embargo, en su loca carrera a una competición sin convocatoria pero que al parecer les causa prurito, olvidan que México suscribió un Tratado que lo obliga como a todos los países de la OCDE, a cubrir un seguro de desempleo a todas las personas que lleguen a encontrarse con esos problemas. Esta obligación no ha sido reglamentada como debería de ser y está presente desde el 2008; siendo nuestro país el único de los más de 30 que integran la citada organización mundial. ¿Por qué las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no dieron cumplimiento nunca a este compromiso? y ¿Por qué los diputados y senadores no presentaron antes una iniciativa así? Me respondo: el sentido común es el menos común de los sentidos.