El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el 2016 estableció los lineamientos que garantizaban la defensa de las audiencias: habría un defensor y los ciudadanos podrían quejarse de los contenidos de los medios. Las audiencias por fin tendrían voz y voto para objetar sobre lo que los medios quisieran ofrecerles. Sin embargo, el pasado jueves 26 el Senado votó cambios a la Ley de Telecomunicaciones que, dejando indefensa a la audiencia y también se podrían propiciar irregularidades. Las modificaciones dejan la función de control de contenidos en las propias concesionarias. Aunado a esto, anteriormente, los concesionarios estaban obligados a diferenciar entre los contenidos noticiosos de las opiniones y la publicidad dentro de la programación. Los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias prohibía transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Existen distintos puntos de vista sobre el tema, algunos senadores, señalaron que las modificaciones aprobadas fortalecen la libertad de expresión, sobre todo durante los periodos de campaña electoral; otros, como la senadora del PRD, Alejandra Barrales, advirtió que estos cambios permiten que durante el proceso electoral, los candidatos puedan comprar espacios en medios y noticieros. Sin embargo, para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) “la supuesta libertad de expresión de los concesionarios no es superior al derecho a la información de las personas a recibir información veraz y objetiva, que no se garantiza con la autorregulación que propone la minuta”. señaló en un comunicado. La contrarreforma elimina la obligación de los concesionarios a diferenciar con claridad la información noticiosa de las opiniones y la publicidad. Los concesionarios determinarán el derechos de las audiencias según lo que establezcan sus propios Códigos de Ética, que serán expedidos “bajo un principio de autorregulación”. Este Código no estará sujeto a convalidación o revisión previa o posterior del IFT o de alguna autoridad. Aunque los cambios obligan a los concesionarios a abstenerse de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, los mecanismos para “evitar que incurran en esta práctica” se dejan a elección de los propios concesionarios, a través de sus Códigos de Ética, señala el Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel). Respecto a esto, el senador Raúl García Guzmán señaló que “este supuesto defensor de las audiencias no le responde al ciudadano sino al medio de comunicación”. Para adaptarse a esta nueva regulación, los concesionarios deben contar con un defensor de las audiencias. Éste debía recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos en relación con derechos de las audiencias en un plazo de 20 días hábiles. Además debía actuar con “criterios de imparcialidad e independencia”. El defensor debía ser una persona de reconocido prestigio y conocedores de la comunicación, independientes e imparciales con respecto al medio. Es cierto que las cosas en materia de telecomunicaciones han cambiado y continúan haciéndolo, como lo votado en el Senado que son los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias. Su objetivo era regular la defensa de las audiencias de radio y televisión, así como garantizar el cumplimiento de los derechos de información y de expresión. En ellos se explicaban los procedimientos y características que debía tener el defensor de las audiencias que designaran los medios; la forma en que las audiencias podían presentar una queja y cómo debía ser atendida. Sin embargo, los lineamientos nunca entraron en vigor. Éstos fueron publicados en el Diario Oficial el 21 diciembre de 2016 y debían aplicarse 30 días después. Pero el 1 de febrero de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite dos controversias constitucionales en contra de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.