La contingencia sanitaria del coronavirus (Covid-19) estaría impidiendo que este año se pueda aprobar y publicar una Reforma Político-Electoral para que pueda aplicarse en los comicios de 2021 en San Luis Potosí, debido a que el confinamiento ordenado a nivel federal paró, desde mediados de marzo, la consulta indígena que se requiere para sacar adelante la reforma y no hay fecha para que sea reanudada dicha consulta, lo cual ocasionaría que haya sido inútil todo el gasto que ha erogado el Congreso del Estado para la formulación de esta reforma. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, recordó que la epidemia en San Luis Potosí sigue en ascenso y todo el estado de San Luis Potosí está en “semáforo rojo”, por lo que aún no pueden realizarse eventos que congreguen gente, como sería el caso de una consulta indígena, por lo que tendrán que esperar hasta que los municipios indígenas estén en “semáforo verde” para poder efectuarla. De acuerdo a la legislación vigente, la Reforma Electoral debe estar lista 90 días antes del inicio del proceso electoral, el cual en San Luis Potosí iniciará el 30 de septiembre, es decir que la realización de la consulta indígena y aprobación de esta reforma deberá quedar lista a más tardar el 1° de julio; de lo contrario, aunque salga adelante la reforma, esta no podrá aplicarse para los comicios de 2021. La no aprobación de esta Reforma Electoral no solo significaría que las elecciones del próximo año deberán efectuarse con la misma Ley Electoral que se aplicó en los comicios de 2018, sino también que se perderá dinero que el Congreso del Estado ya ha comprometido en la realización de la consulta indígena; por lo pronto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito ya concedió una suspensión de plano para que se paguen adeudos que se tienen con integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Consulta Indígena. El abogado de los 18 integrantes del GTO, Marco Antonio Barrera Vázquez, dijo que hasta el 18 de marzo, en que se suspendió la consulta indígena, el Congreso del Estado debía 830 mil pesos a sus clientes, por concepto de remuneraciones y viáticos, sin embargo, dentro de este recurso legal promovido no solo están pidiendo que se pague esa cantidad, sino que también se les paguen los sueldos correspondientes a los casi tres meses de contingencia sanitaria. “Nos están haciendo menos, yo no conozco en todo el país a un solo servidor público que, en plena pandemia no tenga aseguradas sus remuneraciones normales, así sea que esté trabajando o que no esté trabajando, pero aparte hay quienes también siguen trabajando porque tienen que traducir un chorro de documentos, las 18 iniciativas (de la Reforma Electoral), las presentaciones que tienen que ver con las comunidades”. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado autorizó un presupuesto por 4 millones 370 mil pesos para la realización de la consulta indígena, de los cuales no se ha informado cuánto se ha erogado, sin embargo, el abogado Marco Barrera informó que sus clientes llevaban trabajando desde el 16 de enero y ya habían cumplido siete de los 13 pasos que contempla la Ley de Consulta Indígena y se habían visitado el 89 por ciento de las comunidades indígenas para informarles sobre la consulta. Luego de la resolución judicial, el Congreso del Estado entregó el primer informe para que se determine la procedencia del pago a los integrantes del GTO de la Consulta Indígena; sin embargo, la defensa asegura que la suspensión de plano ya estipula que el Poder Legislativo debe efectuar este pago y, de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA).