Es un hecho evidente que varios países de la región han experimentado un debilitamiento de su democracia en los últimos años. Una de las dimensiones que ha tenido ese proceso han sido las amenazas y las severas limitaciones impuestas a la libertad de información y el ejercicio del derecho a la libre expresión.

Esto ha ocurrido, en esencia, porque distintos gobiernos han entrado en una lógica de confrontación con los medios de comunicación, argumentando que éstos se comportan como actores políticos que hacen oposición al Ejecutivo y que manipulan la información en función de esa agenda. Ello ha significado que se inicien acciones judiciales y administrativas contra esos medios y sus dueños, incluso su cierre forzado en algunos casos; la aprobación de leyes que restringen o amenazan la libertad de informar o que ponen trabas a la industria privada de las comunicaciones y, en general, un discurso que descalifica cualquier crítica a la política gubernamental como parte de una campaña para desprestigiar al gobierno, que es lesiva para los intereses del país, e incluso "traidora". Lo anterior es grave porque la calidad de la democracia está ligada indisolublemente a la libertad de expresión y al rol que cumplen los medios de comunicación, tanto de informar a la opinión pública como de ser foros para que la sociedad debata los temas que son relevantes para cada país. Y, por cierto, de funcionar como "vigilantes" de quienes ejercen el poder en nombre de los ciudadanos.  La actitud abiertamente hostil hacia los medios de comunicación privados de parte de gobiernos como los de Venezuela, Argentina, Ecuador o Bolivia, entre otros, especialmente contra los que tienen líneas editoriales no afines al Ejecutivo, denota una escasa valoración de la importancia de los roles descritos, junto con una voluntad de imponer sus respectivos proyectos políticos aun a costa de empobrecer la calidad de sus democracias. Esto no sólo es inquietante para los actores -canales de TV, radioemisoras, diarios- que son blanco de ataques de sus gobiernos, sino para el conjunto de la sociedad de esos países, pues las acciones que amenazan la libertad de expresión y de información suelen surgir en un marco de creciente concentración de poder en el Ejecutivo, que lo deja sin contrapesos institucionales relevantes y con una escasa presencia de voces de oposición, ya que se les cierran paulatinamente los espacios para llegar a la ciudadanía. Este proceso hace recaer la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información en los actores de la sociedad civil que pueden mantenerse operando, sobre todo en los medios de comunicación, que se ven así obligados a operar en un entorno en que el Estado los trata como enemigos. Este tipo de episodios y escenarios ha motivado algunas críticas y recomendaciones por parte de instancias como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Estas opiniones debieran ser atendidas por los gobiernos aludidos, sin perjuicio de que también debieran ser expresadas más vehementemente en el futuro si no se observa una rectificación en las acciones contra los medios de comunicación. La preocupación por la libertad de expresión y su importancia para la democracia debe ser explicitada por los países de América Latina,  especialmente por aquellos que han consolidado su compromiso con los valores y prácticas democráticas. Estos últimos son los que, con mucho esfuerzo y tras muchas dificultades, se han convertido en el marco político imperante en nuestra región en décadas recientes.

Al igual que los organismos internacionales, también los distintos países y México, deben estar dispuestos a señalar las prácticas que deterioren las democracias de la región y a manifestar su inquietud y su rechazo, a las prácticas y políticas que los amparen.