Diputados aprobaron dejar sin efecto el decreto aprobado por la anterior LXI Legislatura de la sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2018, relativo a informes de cuentas públicas 2017 y sean los actuales integrantes quienes los vuelvan a revisar y en consecuencia validar. Fueron 18 votos a favor, 5 abstenciones y tres votos en contra la votación de esta iniciativa de los priistas Martín Juárez Córdova, Mauricio Ramírez Konishi y la perredista María Isabel González Tovar. Mientras que las abstenciones fueron de los priistas Patricia Silva Celis, Beatriz Benavente, María del Rosario Sánchez Olivares y el perredista Emmanuel Ramos. El único voto que faltó fue el de Eugenio Govea quien no asistió a la sesión. Durante la discusión de esta iniciativa el diputado Mario Lárraga Delgado de Encuentro Social y el diputado Óscar Vera Fabregat subieron a defender la urgencia de votar estos dictámenes. Sin embargo a pesar de que su voto sería a favor inicialmente el panista Rubén Guajardo pidió que el dictamen se pasará a la comisión de Vigilancia para hacer un análisis a mayor profundidad. "Creo que este asunto debería pasarse a la comisión de vigilancia para ampliar la información ya que consideró que pudiera ser una decisión tomada al vapor", expresó.

Igualmente diputado priista Mauricio Ramírez Konishi dijo que se debería contar con toda la información necesaria para poder tomar una decisión más correcta. La propuesta había sido presentada por el diputado Edgardo Hernández del Partido Verde, aparte legisladores de Morena habían advertido que impugnarían el dictamen de los informes sobre las cuentas 2017, pero ahora al ser sometido en el Pleno quedó sin efecto. También el Frente Ciudadano Anticorrupción manifestó el interés por denunciar penalmente a los anteriores legisladores, solo esperaban a que se publicara en el Periódico Oficial. Este acuerdo fue canalizado al gobierno del Estado para sus efectos legales. En esta sesión ordinaria también se aprobó que el Ayuntamiento Villa de Reyes done al Gobierno del Estado, dos predios en el parque industrial WTC2, con superficie de 60 hectáreas, para una o más empresas que presenten proyectos industriales de alto impacto.