Una Corte federal de Brownsville, Texas, aplazó hasta abril de 2019 el juicio contra Tomás Yarrington Ruvalcaba. El ex Gobernador de Tamaulipas enfrenta 11 cargos penales por delincuencia organizada, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero y diversas modalidades de fraude bancario y declaraciones falsas a instituciones financieras. La Jueza Hilda G. Tagle, de la Corte de Distrito para el Sur de Texas, cambió esta semana, por segunda vez, las fechas para el juicio contra Yarrington, que por petición de la Fiscalía y defensa, ha sido clasificado como "complejo". En mayo pasado, Tagle había fijado el 3 de octubre como fecha de selección de jurados, lo que ahora quedó para el 4 abril del próximo año. Las mociones finales de las partes y el descubrimiento probatorio tendrán que realizarse durante noviembre. El aplazamiento fue precedido de varias actuaciones y resoluciones que la Corte ha mantenido bajo reserva. Es probable que, en los meses siguientes, la Fiscalía y defensa intentarán negociar un acuerdo de culpabilidad para que el caso no llegue al juicio con jurado, práctica que es habitual en el sistema penal estadounidense, y también son previsibles nuevos aplazamientos del juicio. Cuando se clasificó el caso como "complejo", la Fiscalía argumentó que involucra al menos 15 mil documentos digitales con más de 100 mil páginas que tendrán que ser revisados por la defensa, además de materiales gráficos, objetos obtenidos al ejecutar órdenes de cateo y reportes de agencias como el Servicio Interno de Recaudación (IRS), la agencia antinarcóticos (DEA) y el Departamento de Seguridad Interna. "Se anticipa que se requerirá el testimonio de numerosas personas, algunas residentes en otros países, y se estima que el juicio tendrá cuatro semanas de duración", agregó el Fiscal Ryan K. Patrick, quien recordó que también se busca decomisar a Yarrington bienes por 200 millones de dólares. El ex Mandatario tamaulipeco fue extraditado a Estados Unidos el pasado 20 de abril, luego de pasar un año preso en Italia, y casi cinco años en calidad de prófugo desde que la Corte de Brownsville ordenó detenerlo en mayo de 2012. -- Reforma