El presidente de la Coparmex San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, señaló que en los primeros cuatro meses del Gobierno Federal, se ha detectado que la transparencia, no ha sido el sello distintivo de la administración, pues de los 30 mil contratos asignados en 2019, un 74.4% han sido por adjudicación directa. “Son visibles conductas, que de ser reiteradas, pondrán en entredicho la existencia de prácticas de integridad y comprometerán el combate a la corrupción”, afirmó el empresario potosino. Añadió que las asignaciones directas de proyectos de gran importancia, por su nivel de inversión pública e impacto en el país, como lo son: el Tren Maya y la Refinería en Dos Bocas, no están cumpliendo con estos compromisos, y se apartan de las prácticas básicas de transparencia y de rendición de cuentas. “De acuerdo con el portal oficial Compranet, de los casi 30 mil contratos registrados con inicio de vigencia en 2019, el 74.4% de los mismos, es decir, 21 mil 758 se han otorgado de forma directa, sin licitación. Sólo en 5 mil 300 contratos, equivalentes a poco más del 18.1% del total, se han adjudicado a través de un proceso de licitación pública”, explicó Jaime Chalita Zarur. Recordó que de acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de la administración, Pemex lleva adjudicados sin licitar al menos siete contratos por cerca de 2 mil 300 millones de dólares. “Desde Coparmex, hacemos un llamado al Presidente de la República para no traicionar la oferta política que lo llevó al poder. Debe promover con acciones, que se erradique de fondo, de una vez por todas, con la corrupción en el sector público. Necesitamos que las asignaciones directas, las invitaciones restringidas, y las compras sin convocatoria, sean casos verdaderamente excepcionales”, apuntó el dirigente empresarial. El presidente de la Coparmex San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, afirmó que no es coherente que, bajo el pretexto de la urgencia y las “circunstancias especiales”, el Gobierno Federal ejerza el gasto público con opacidad, pues se ofreció un combate frontal contra la corrupción, un cambio radical en la forma de hacer las cosas.