Durante el tiempo que se trabajó en la consulta indígena el Congreso de San Luis Potosí sólo entregó tres cheques por una suma de 16 mil 700 pesos al Grupo Técnico Operativo de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, pese a existir un presupuesto superior a los 4 millones de pesos para las consultas, reveló Marcela Sánchez, secretaria técnica de este organismo. En entrevista, Sánchez explicó que dos cheques de 9 mil y 2 mil 700 pesos les fueron entregados para cubrir el concepto de fotocopias y un tercer cheque de 5 mil pesos fue para el pago de gasolina, posteriormente no se les proporcionó ningún recurso adicional para efectuar las labores de consulta, por lo que la actual Legislatura adeuda al grupo un total de 650 mil pesos. De este monto de adeudo, 500 mil pesos serían para el pago de honorarios de las 19 personas involucradas en la consulta más 150 mil pesos por concepto de viáticos, combustible y pasajes para la visita a las comunidades que los mismos participantes tuvieron que cubrir. De igual manera, a un proveedor del Congreso del Estado se le adeuda una suma aproximada de 80 mil pesos por concepto de fotocopias, ya que, a propuesta de un legislador, se les facilitó el contacto del establecimiento para el crédito de sus servicios, con la promesa de que una vez que se les entregara el recurso completo para la consulta se le liquidaría. En declaraciones, Marcela Sánchez también asevera que existe un adeudo a los traductores que participaron en la convocatoria y que fueron contratados por el mismo Congreso, a quienes no se les han cubierto sus honorarios pese a haber cumplido con la encomienda para la que se les contrató. Estas acciones por parte del Legislativo orillaron al Grupo Técnico Operativo de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, a interponer una denuncia que ya se encuentra en proceso en contra del mismo Congreso del Estado, la Comisión de Asuntos Indígenas, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI), Gobierno del Estado y Gobierno Federal. “No fue el COVID-19, fue falta de voluntad” Referente a las afirmaciones que han hecho integrantes de la presente Legislatura, en las que aseguran que el freno a la consulta se debió a la pandemia por Covid-19, Marcela Sánchez asegura que no se trató de la situación sanitaria, sino de la falta de un genuino interés por integrar la visión y voluntad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y se trató de disfrazar la problemática interna que ya existía. “El proceso ya se encontraba detenido desde mucho antes porque el Congreso no nos proporcionaba el presupuesto que ya se tenía autorizado desde el 4 de febrero, estuvieron impidiendo que saliera el recurso y empezaron los problemas con la consulta. El interés de muchos es que no se hicieran las reformas porque pierden lugares en los distritos de la Huasteca con posibilidades en ciertas presidencias municipales” dijo. Así mismo asegura que nunca se pusieron de acuerdo con las comunidades y no se avisó correctamente de la suspensión de actividades. “A mí me llega un oficio de la Comisión de Asuntos Indígenas el 18 de marzo en el que se me informa abruptamente que se suspendía por el Covid, sin embargo yo tengo todas las pruebas de que esto ya estaba en crisis, dicen que se pusieron de acuerdo con autoridades de las comunidades, lo cual es totalmente falso, ni se ponen de acuerdo ni les avisan, además de que hay una convocatoria que en sí, sigue vigente porque nunca se publicó una suspensión en el Periódico Oficial” compartió. Referente al freno que tuvo la Reforma Electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a la fallida consulta, Marcela Sánchez califica este hecho como una decisión correcta y atinada. “Se hizo justicia y esto sirve para evidenciar las acciones violatorias del Congreso, desde antes evitaban hacer una consulta indígena. Tenemos en el Estado una Ley de Consulta Indígena desde hace diez años y el Congreso jamás lo había operado, esta era la primera vez y aun así han estado evadiendo, a pesar de que desde el 2018 existía una sentencia y siguieron evadiendo comenzaron todo en enero de 2020 y atropelladamente” dijo. De igual forma señaló que no hay voluntad para otorgar espacio en la toma de decisiones a las comunidades indígenas del Estado, a los cuales se les comenzó a bloquear de muchas maneras. “Ellos (el Congreso del Estado) hacen la convocatoria, nosotros hacemos el trabajo con las comunidades, acordamos las sedes, teníamos todo un plan de trabajo y las asambleas agendadas, y todo el trabajo que hacemos con ellos que son los acompañamientos en la consulta, sin embargo, asegura que fueron bloqueados.