La ciudadana Andrea Barrera Aguilar, de nacionalidad estadounidense, informó que, en septiembre de 2019, empleados de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), le quitaron a su hijo de nueve meses, después de denunciar violencia intrafamiliar por parte de su expareja, a pesar de que un juzgado en Estados Unidos ya le otorgó a ella la guardia y custodia del menor. Relató que su hijo fue concebido en un proceso de inseminación artificial de ella como gestante con su pareja en Estados Unidos, donde se casaron, sin embargo, en un viaje de vacaciones a San Luis Potosí, sufrió violencia doméstica, y además le retiraron la guardia y custodia de su hijo. Asimismo, que derivado de la pandemia por covid-19, se suspendieron las convivencias con su hijo, que actualmente se encuentra en custodia de sus abuelos, padres de su expareja, mismas que recientemente se reanudaron de forma presencial, luego de lograr con ayuda de sus abogados, que en su caso, se presentará la primera videoconferencia por convivencia a nivel estatal. Acompañada de sus abogados acudió este viernes a manifestarse frente a las instalaciones de la Ciudad Judicial, por dos razones, en primer lugar, porque sí su hijo es ciudadano estadounidense por nacimiento, así como por el origen de su madre, se le haya registrado como mexicano. Explicaron que la PPNNA omitió la responsabilidad de darle vista al consulado estadounidense debido a la nacionalidad de Andrea y su hijo, asimismo, que el Juzgado Cuarto de lo Familiar se ha retrasado dos años en emitir una sentencia. Agregaron que, aunque se logró realizar las convivencias por videoconferencia, la familia del menor no facilitó que se llevarán a cabo de forma efectiva, a pesar de que denunciaron esta situación en varias ocasiones, el juzgado hizo caso omiso.