Según información de la Coordinación Estatal de Alerta Amber de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), proporcionada vía transparencia, en los últimos 3 años se extraviaron 691 mujeres, de las cuales 575 fueron localizadas, es decir el 83 por ciento, sin embargo 116 mujeres siguen extraviadas. El año más crítico fue el 2016, en el cual se extraviaron 318 mujeres, sin embargo se localizaron 292, según los reportes se ve un significativo aumento, pues en 2014 se reportó el extravió de 137 mujeres, y solo se localizaron 93, en tanto en el 2015 se extraviaron 236 y se localizaron 190. Al respecto, Arely Torres Miranda, activista y consejera ciudadana del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), reitero que desde hace tiempo varios colectivos y asociaciones han señalado la falta de capacidad y de implementación de protocolos sociales para la búsqueda de las niñas y mujeres desaparecidas en el estado de San Luis Potosí, sin embargo, las autoridades han fallado y descuidado el seguimiento de este tipo de casos. Refirió que durante una reunión que sostuvieron las integrantes de la mesa ciudadana de seguimiento a la solicitud de alerta de feminicidios, comentaron la urgencia de aplicar el protocolo Alba, el cual tiene medidas especiales para la búsqueda de mujeres y niñas, pero hasta el momento no ha sido tomada en cuenta su exigencia. La activista mencionó que el protocolo Alba brinda las herramientas de búsqueda inmediata, pero hay una gran resistencia de parte de las instituciones y las autoridades, en el sentido de aceptar que hay un problema, como lo expresó el ahora fiscal, hace varios meses, cuando refirió que las mujeres desaparecen o simplemente se van de su casa, minimizando la situación. Manifestó que sigue habiendo este desdén institucional al momento de hablar de los temas, ya que estas desapariciones tienen que ver con trata de personas y feminicidios, y mientras no se tengan los protocolos, una ruta crítica eficiente, seguirán sucediendo porque la impunidad abona a que los feminicidas, o las personas de las redes de trata se sientan con la suficiente protección ante las omisiones de las autoridades.