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El experto jurídico sostiene que programas sociales de la anterior administración capitalina violaron la Ley Federal de Competencia
23:45 jueves 11 octubre, 2018
San LuisEl abogado Jorge Chessal Palau, consideró que los programas sociales municipales de tortillerías y purificadoras de agua de la anterior administración capitalina, violaron la Ley Federal de Competencia y que por lo tanto desde el inicio de su implementación generaron un entorno de prácticas monopólicas, y afectaron las condiciones de mercado del resto de los comerciantes del sector, declaró en entrevista para Érika Salgado en WFM 100.1.
“Un programa social donde se implementa una acción de carácter social con recursos públicos no por el hecho de que termine una administración debe desaparecer. El problema es que se trataba de programas ilegales… desde la perspectiva de la Ley Federal de Competencia Económica, porque lo que hizo la administración anterior fue generar el entorno de prácticas monopólicas que afectaron el entorno de las condiciones de mercado de competencia para tortillerías y purificadoras de agua. Entonces de principio ese programa social era ilícito el hecho de que la propia administración desapareciera el programa e incluso de algunos de los bienes, convierte esto además en el encubrimiento de un ilícito”.
El experto en asuntos jurídicos mencionó que en este sentido cualquiera de los empresarios o personas afectadas en su negocio de cualquiera de estos giros podrían acudir ante la Comisión Federal de Competencia (COFECE) para denunciar estos hechos y que en todo caso se deslindaran responsabilidades que derivarían en sanciones económicas pero incluso penales, en contra de quienes hagan este tipo de competencia ilícita.
Además ante una posible desviación de recursos para la implementación de estos programas sociales, la nueva administración capitalina debería denunciar este tipo de actos porque dijo, fueron parte de programas ilícitos y ahora se suma la desaparición de bienes.
“En este tema será responsabilidad de investigar tanto para la Cofece, la Auditoría Superior del Estado y en caso de haber recursos federales destinados a estos programas ilegales sería la Auditoria Superior de la Federación; independientemente de que exista una denuncia ante la Fiscalía General del Estado”, aseveró.