A fin de presentar las opiniones sobre las iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado, y que proponen reformar el Código Penal, la Ley de Salud y la Constitución Política del Estado en materia de interrupción legal del embarazo, este día se realizó un foro informativo en el que participaron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la asociación GIRE, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; y las titulares del Instituto de las Mujeres del Estado y del Centro de Justicia para las Mujeres.

En este foro, estuvieron presentes las diputadas Alejandra Valdés Martínez, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género; Marite Hernández Correa, Angélica Mendoza Camacho y Martha Barajas García.

La diputada Alejandra Valdés, promovente de una de las iniciativas, manifestó que las opiniones presentadas se integrarán a los trabajos de análisis de las iniciativas para fortalecer el dictamen que sería presentado al pleno.

“Es un tema de derechos humanos, y nosotros seguimos revisando las iniciativas para despenalización del aborto y seguiremos haciendo estos foros, tenemos que estar bien informados para tomar una decisión; vamos a seguir con los foros y estamos abiertos a escuchar la contraparte”. 

La maestra Julia Moreno, Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  indicó que de acuerdo a los Tratados Internacionales, las propuestas no solo son viables sino también obligatorias, luego de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ya incluye el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo como parte de sus derechos sexuales y reproductivos.

Señala que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establecen, entre otras, recomendaciones precisas para eliminar disposiciones que penalicen el aborto y la criminalización de la mujer, y así prevenir situaciones de riesgo, privilegiando su salud.

En su exposición, Karen Luna del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, indicó que el aborto inseguro continúa siendo la cuarta causa de muerte materna en el país, y las mujeres en México siguen siendo criminalizadas por el delito de aborto, en ocasiones con penas de prisión. 

Precisó que existe un acceso diferenciado al aborto, de acuerdo a las entidades federativas en las que residen, afectando a las mujeres en zonas más marginadas, por lo cual a través de tratados internacionales se  ha solicitado al Estado mexicano que realice una armonización legislativa en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, eliminando la criminalización de la mujeres en las entidades federativas, y garantizar el derecho a la salud. 

El doctor Alejandro Rosillo de la UASLP, reiteró que el tema de la interrupción legal del embarazo debe garantizarse en el plazo legal, como un reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres, y que se encuentra garantizado en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales.

La titular del Instituto de las Mujeres, Erika Velázquez, indicó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, considera que el aborto es responsable al menos de la mitad de las muertes maternas. Según el Observatorio de Muerte Materna, el aborto inseguro se encuentra de las primeras cinco causas de muerte materna.

Finalmente, la titular de los Centros de Justicia para las Mujeres, Julieta Méndez consideró que en el análisis que se realiza a estas iniciativas, también debe considerarse la opinión de la Secretaría de Salud, para conocer su capacidad presupuestal, insumos, recursos técnicos y conocer las condiciones en las que en determinado momento brindaría los servicios a las mujeres.